Aunque existen documentos que supuestamente registran un depósito de 4,698 millones de dólares, efectuado en 1975 en el Citi Bank presuntamente por parte del exdictador Manuel Antonio Noriega, es difícil creer que pudo efectuarse una transacción por una exorbitante suma.
El viceministro de Finanzas, Eduardo Quirós, detalló que el 18 de septiembre del año 2001 se presentó la denuncia de bien oculto, y unas cuatro semanas después se admitió la misma, luego de que se observara el Certificado Internacional de Depósito del Citi Bank, por 4698 millones de dólares y cuyo tenedor de la garantía es Manuel Antonio Noriega.
Se le requirió a los denunciantes las pruebas para efectuar el proceso de revisión de las mismas, explicó. "El siguiente paso fue solicitar la opinión del procurador, José Antonio Sossa, para que determine si el bien denunciado es oculto. "El 6 de diciembre del año 2001 se remitió al procurador la consulta y estamos pendientes de recibir su opinión", dijo Quirós.
El viceministro indicó que el MEF no puede investir al denunciante de la personería necesaria para hacer efectivo los derechos del Estado sobre el supuesto bien oculto, sino ha recibido la respuesta del Procurador. Sin embargo, Quirós adelantó que "no tenemos en el MEF ningún indicio mínimo de que semejante cosa sea veraz... tenga la absoluta certeza de que si existe el menor indicio estaríamos detrás de esos recursos". No obstante, advirtió que la dilación para investir al denunciante de la personería necesaria para hacer efectivo los derechos del Estado es responsabilidad del procurador Sossa.
Por su parte, el exfiscal superior, Rogelio Arosemena, dijo ayer que el numeral 3 del artículo 82 del Código Fiscal es claro en señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas no necesita de la opinión del Procurador General de la Nación para declarar si un bien es oculto. Al inicio del numeral tercero decía: "Si tanto el Procurador como el Ministerio de Hacienda y Tesoro [actualmente el MEF], consideran que el bien es oculto el Ministerio investirá al denunciante...".
Sin embargo, en el año 1970 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase "tanto el Procurador como el Ministerio de Hacienda", porque considera una extralimitación de funciones del jefe del Ministerio Público poder impedir el inicio y la continuidad de la acción de declarar un bien oculto. De tal manera, alegó Arosemena, que la ausencia de una respuesta del Procurador no es un obstáculo para que el MEF pueda declarar que un bien es oculto.
"El viceministro [Quirós] está mal informado o tiene una versión del Código Fiscal anterior a 1970... el Ministro de Economía y Finanzas, puede tomar la decisión de investir a los denunciantes de la representación necesaria con o sin la respuesta Procurador", añadió Arosemena.
Aquí ha habido una demora injustificada de siete meses para tomar una decisión que se debió tomar en un mes, apuntó el exfiscal. Cabe señalar que el procurador José Antonio Sossa confirmó que inició diligencias para determinar si esos fondos existen, para lo cual solicitó información a la Fiscalía General de Estados Unidos. Antes de comenzar un proceso de recuperación de esos dineros es necesario que la Fiscalía General de Estados Unidos confirme si existen y estamos a la espera de esa respuesta, dijo Sossa el pasado lunes.
Por su parte, Arosemena dijo que el procurador tiene todo el derecho de hacer las consultas a quienes considere, pero la demora en las respuestas que él [Sossa] espera no pueden ser obstáculo para continuar con el proceso de declarar un bien oculto.
Cabe señalar que el Certificado Internacional de Depósito No. 898270211 aparece como tenedor de la garantía "MR. MANUEL ANTONIO NEUREGA" "MR. OF PRESIDENT PANAMA". Un consultor en banca internacional consultado por El Panamá América explicó que el documento escribieron "Neurega" en lugar de "Noriega" presumiblemente a propósito para evitar ser identificado en una base de datos, pero esto no es impedimento para hacer retiros porque en la práctica se hacía efectivo al portador.
Por su parte, el coronel jubilado de la extintas Fuerzas de Defensa, Roberto Díaz Herrera, dijo que Manuel Antonio Noriega recibía significativos fondos de la Agencia de Inteligencia Norteamericana (CIA) para apoyar a la guerrilla en El Salvador. Además indicó que en 1975 Noriega ya hacía negocios oscuros con los carteles colombianos de la droga, y en el tráfico de armas.
Mencionó también el fácil acceso del Gobierno militar a créditos de instituciones financieras internacionales, que provocaron el engrosamiento de la deuda externa panameña. No obstante, dijo que no es nada probable que en 1975 Noriega pudiera depositar en un banco una suma tan grande como los 4,698 millones de dólares.
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