El procurador suplente de la Nación, Giuseppe Bonissi, informó que en octubre tendrá la vista fiscal sobre las investigaciones que realiza por la presunta corrupción de funcionarios para la aprobación del Centro Multimodal Industrial de Servicios (CEMIS).
El caso, que fue archivado en el 2003 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue reabierto en diciembre de 2009, cuatro años después que la procuradora separada, Ana Matilde Gómez, solicitara la apertura del proceso.
Bonissi dijo que en cinco meses tendrá suficientes elementos para tomar la decisión sobre un posible llamamiento a juicio.
La investigación del CEMIS tiene tres partes: una en contra de los diputados, que realiza la Corte; otra corresponde a los civiles, en manos del Ministerio Público y la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, la cual fue cerrada por los diputados en abril pasado.
El funcionario dijo que se trata de un caso complejo, en el que hay 49 personas que serán llamadas a declarar, cifra que podría aumentar.
El jefe del Ministerio Público explicó que el hecho punible está comprobado y que solo falta verificar quiénes participaron en la acción ilegal.
En tanto, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses designó el pasado 14 de mayo a Fabio Hurtado Chacón como su perito para realizar el análisis de la auditoría forense financiera de los depósitos bancarios efectuados por los ex legisladores durante septiembre de 2001 a enero de 2002.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) todavía no ha nombrado a su representante en la investigación.
Cinco de los seis ex legisladores que rindieron declaración esta semana se ratificaron de lo dicho.
