"Ministra Sagel desconoce problema darienita", dice monseñor Emiliani

El vicario de Darién, monseñor Rómulo Emiliani, ripostó ayer a los calificativos de alarmista vertidos por la ministra de Gobierno Mariela Sagel en su contra y advirtió que ésta mal puede criticarlo cuando es una funcionaria neófita en el cargo y desconoce el problema darienita. Precisó que a diferencia de la ministra Sagel, él ha vivido en esa provincia por más de 10 años y conoce a fondo los problemas de los pobladores.
"Si una autoridad piensa que soy alarmista, por amor al pueblo, entonces lo soy, pero siempre seguiré denunciado las cosas anómalas que sucedan en esta olvidada provincia de gente trabajadora, creyente y pujante", destacó Emiliani.
El representante del catolicismo en el Darién reconoció que si bien por el momento la provincia vive en un virtual clima de paz, todavía persiste el peligro.
Advirtió que si el Gobierno no toma en serio los problemas del Darién esta provincia podría convertirse en el centro de acopio de organizaciones dedicadas al secuestro.
Explicó que "en Panamá hay mucha gente rica y la industria del secuestro produce muchos millones, de Panamá a Darién son sólo cuatro días de camino".
"Darién es la frontera más peligrosa de América, por la dificultad que tienen las unidades policiales para penetrar su espesa selva, por eso hay que prevenir las cosas, no actuar después que ya se han dado, no queremos que Darién se "colombianice" o se convierta en un centro de operación de guerra".
La ministra Sagel, conocida por sus comentarios y su comportamiento hostil hacia los medios de comunicación, dijo que Emiliani "emite conceptos alarmistas" cada vez que habla sobre la situación del Darién.
Sin embargo recientemente el director de la Policía Nacional reconoció que aún existen grupos armados desplazándose por las selvas darienitas, los cuales se han abatido a tiros con unidades de la Policía Nacional.
Sagel dijo que de l50 desplazados en Darién, se ha deportado alrededor de cincuenta.
Mientras que Emiliani aseguró que hay alrededor de 300 desplazados en La Palma y el río Tuira,, al tiempo que se mostró en desacuerdo con la deportación de estas personas, sin que se les ofrezca la garantía de que serán enviadas a otro sitios más seguros en su país.