La decisión del ministro de Salud, Franklin Vergara, de contratar directamente a empresas para el servicio de recolección de basura en los distritos de San Miguelito y Colón, contrario a lo que autorizó el Consejo de Gabinete, es una falta "muy grave" y podría haber incurrido en el delito de peculado de uso.
La advertencia la hizo el ex contralor Alvin Weeden, tras corroborar que el Gabinete autorizó a Vergara a contratar los servicios de recolección de basura en el distrito de Panamá, pero parte de los B/4.3 millones se destinaron para Colón y San Miguelito, donde no había crisis alguna.
Weeden recordó que el Código Penal establece en su Artículo 326 que “el servidor público que dé los caudales o bienes que administre una función pública distinta de aquella a que estuviesen destinados, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año...”
Sanciones. El mismo artículo agrega que “si esa actuación se realiza con el propósito de obtener un beneficio para sí o para un tercero, la sanción será de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período”.
Otro punto delicado, explicó el ex jefe de las finanzas públicas, es que uno de los contratos favorece a la empresa Multi Servicios Especiales, CK S.A., cuyo secretario es Carlos Bryan Torres, quien junto a Vergara integra el Consejo de Honor del partido Cambio Democrático.
“Evidentemente, este es un contrato que está cargado de corrupción y merece la nulidad. Aquí sí hacen sentido las palabras del presidente Martinelli de que se puede robar con control previo o sin él, más si hay una Contraloría complaciente”, sostuvo Weeden.
Esta misma compañía ha recibido contratos directos por casi B/1 millón de parte del MINSA.
Evasión. El ministro Vergara, quien no aceptó una entrevista con este medio ni respondió una serie de preguntas por e-mail como había prometido, dijo ayer en KW Continente que él desconocía que su copartidario Bryan Torres es dignatario de Multi Servicios CK S.A..
No obstante, justificó la contratación alegando que “una persona que es miembro de Cambio Democrático, también es panameño”. El funcionario dijo sentirse seguro de que la empresa fue contratada por sus cualidades.
Esta sociedad aportó en su cotización un número telefónico que corresponde a la boutique Perry Ellis, en el Centro Comercial de Multiplaza Pacific.
Más reacciones. Al respecto, el abogado Ernesto Cedeño Alvarado afirmó que el ministro “carece de competencia para variar per se, el mandato otorgado.
Agregó que el Estado no debiera contratar la prestación de servicios en un lugar concesionado, porque da a entender que el concesionario no cumple con su labor dada.
“Si esto es así, lo que procede es resolverle la concesión administrativa delegada, con la consiguiente ejecución de la fianza de cumplimiento y la inhabilitación futura del contratista, para contratar con el Estado”, puntualizó.
