Modificaciones a justicia de paz están próximas a discutirse en el Gabinete

Luego de casi seis años de vigencia, y con una cuestionada aplicación, el Gobierno prepara un paquete de reformas a la justicia de paz.

La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, adelantó que el proyecto ha sido ampliamente consultado y en las próximas semanas será entregado al Consejo de Gabinete para su aprobación.

"Vamos a cambiar la ley. Hemos evaluado con el órgano judicial y con todos los actores. Nuestra ley tiene consulta bastante amplia", informó la ministra.

En diciembre de 2021, iniciaron las reuniones de una junta interinstitucional que analiza las reformas a la Ley 17 de junio de 2016, que instituyó la Justicia Comunitaria de Paz, en reemplazo de las corregidurías y dictó disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.

Integran la junta el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Procuraduría de la Nación, Procuraduría de la Administración, Municipio de Panamá, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y Defensoría del Pueblo.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), planteó que el problema de la justicia comunitaria de paz son las competencias asignadas, por lo que en la medida en que uno entienda para que fue diseñada esa jurisdicción, empezarán a resolverse muchos de los conflictos que hay en torno a la misma.

En este sentido, la propuesta del gremio es que la legislación de paz debe eliminar de sus competencias, la atención de asuntos penales que corresponden al Ministerio Público, en los casos de robo, hurto y delitos de cuantía menor de $1,500 y los asuntos que tienen que ir a jueces municipales y civiles para controversias de carácter civil.

"Los jueces de paz no tienen personal para investigar delitos, no tienen recursos para pericias, para nada que tenga que ver con elementos probatorios, pero tienen la capacidad de condenar a alguien por un delito", cuestionó Araúz.

Para el presidente del CNA, trasladar las casas de paz al Órgano Judicial sería una contradicción con su propia definición de sistema con ausencia de formalidades, en el que un ciudadano puede actuar sin abogados.

"Usted no puede cambiar la naturaleza de ausencia de formalidades de ciertos asuntos conflictivos en la comunidad, y pasarlos a un contexto en donde la ritualidad y la formalidad exigen otro tipo de diseño legislativo en el que tendría que crear otra cosa que no se puede llamar jurisdicción de paz", ilustró.

En cuanto al manejo político que se le pueda estar dando a esta figura, establecida en cada municipio y que se sostiene con fondos locales, Araúz propone que lo presupuestario esté contemplado en la misma ley, para evitar ese tema.

"Si la jurisdicción se mantiene en los municipios, el factor es establecer de la misma manera en que el presupuesto del Judicial está establecido de una forma contundente para garantizar funcionamiento, hacer lo mismo para que las casas de paz puedan tener mayor tranquilidad y no estar sometida a la discrecionalidad", dijo.