El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, remitió a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, una petición para que declare inexequible (inconstitucional) la nueva legislación penitenciaria, que a su juicio promueve un negociado con los permisos laborables.
Una fuente judicial confirmó que el Ministerio Público remitió sus consideraciones al Organo Ejecutivo para que éste proceda a declararlo inexequible y se presente un nuevo proyecto en donde se subsanen las anomalías encontradas en el recién aprobado.
La fuente estimó que en este caso correspondería a la Corte Suprema de Justicia determinar la inexequibilidad.
El documento aprobado por la Asamblea Legislativa fue remitido al Ejecutivo para sanción y posterior publicación en la Gaceta Oficial.
La pasada semana Sossa sostuvo que la nueva legislación promovería un "relajo" en el otorgamiento de los permisos laborales y que se opondría a esta medida con argumentos específicos y contundentes como lo ha hecho en las últimas semanas.
En esa ocasión, Sossa detalló que a la llegada a su despacho encontró "un relajo" y "un negociado" con los permisos laborales que se otorgaban a los detenidos y que la nueva legislación promueve la corrupción en la concesión de este tipo de beneficios.
El jefe del Ministerio Público planteó que existe un relajamiento absoluto con el tema de los permisos laborales que fueron nuevamente activados por la Dirección de Sistema Penitenciario.
El pasado año el Ministerio Público se quejó por la asignación de permisos a reos condenados por delitos graves, como homicidio, violaciones y delitos relacionados con drogas.
Esta situación se agravó tras detectar que uno de los presuntos implicados en un caso de homicidio gozaba de este privilegio.
Dentro de la investigación abierta por el Ministerio Público se estableció que Manuel Castro Pinzón, condenado por su participación en el secuestro de los esposo Juan Barletta y Lorena Anguizola, gozaba de un permiso laboral y además se le vinculaba con la muerte del ciudadano colombiano Roberto de Jesús Villegas, muerto a tiros en vía Argentina.
También se criticó el otorgamiento de un indulto al reo David Viteri, quien luego se establecería que no había cumplido ni un solo día de prisión de una condena de 60 meses. Posteriormente a Viteri se le revocó el indulto.
Consideró que es una inversión muy grande, pero el BNP asegura 0.20 ó 0.25 centésimos por caja vendida para el pago de la deuda, porque la venta de la fruta fluctúa entre los 38 y los 40 millones anuales, de manera que recibirán 1.5 millón por año.
Mientras, el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, resaltó que ahora los trabajadores son dueños de su propio futuro. Reconoció que Panamá produce el mejor banano del mundo y hay mercado para la exportación.
