Nación

Moscoso solicita investigar a panameño que ayudó a “paras “

El Gobierno descarta una ruptura diplomática con Colombia, porque es un país hermano.


En medio de la advertencia de que no tolerará más ataques a la población panameña y de que insistirá ante el gobierno colombiano para que refuerce su frontera, la presidenta Mireya Moscoso pidió al Ministerio Público que investiguen al panameño Víctor “Nengue” Alcázar, supuesto colaborador de los paramilitares.
Desde el martes Alcázar se encuentra bajo detención de la Policía, inicialmente en Metetí y ayer fue trasladado a la capital para ser indagado por su presunta colaboración con los paramilitares (“paras”) de las Autodefensas Unidas Colombianas, que el pasado sábado asesinaron a cuatro indígenas y retuvieron a tres extranjeros de nacionalidad estadounidense.
Al momento de los lamentables hechos, Víctor Alcázar actuaba como guía de los extranjeros y narró posteriormente a los medios de comunicación que escapó de los paramilitares de manera fortuita.
Según la presidenta, quien ayer estuvo de visita en las comunidades darienitas de Boca de Cupe, Paya y Púcuro, la Procuradora encargada debe ver la información que se ha recabado, la que indicaría la colaboración con los paramilitares que asesinaron a los cuatros panameños.
“Entonces no podemos permitir que un panameño colabore con asesinos colombianos, tenemos que poner mano fuerte”, indicó la mandataria al reconocer que las zonas atacadas (Paya y Púcuro) no tienen presencia militar.
El Panamá América conoció que, pese a que el Ministerio Público mantiene su dependencia jurisdiccional en Darién, desde la sede de la Policía Técnica Judicial en Panamá se trasladaron ayer a esa área, siete unidades investigadoras.
La presidenta Moscoso manifestó que pese a las faltas presupuestarias, hará las gestiones necesarias para lograr la obtención de dos helicópteros que serán utilizados para el patrullaje constante de la zona fronteriza.

Expuso que insistirá a su homólogo colombiano, Alvaro Uribe, para que refuerce su lado de la frontera, porque está comprobado que en esa zona la presencia policial es imperceptible.
Durante su recorrido, la mandataria estuvo gran parte del tiempo en Boca de Cupe, donde está acantonada gran parte de la población indígena, en su mayoría mujeres y niños, que se desplazaron por temor a la matanza ocurrida el sábado.
Su visita a esa localidad coincidió con el entierro de Pascual Ayala y Luis Enrique Martínez. Posteriormente, se desplazó a los sitios de los acontecimientos y prometió a sus habitantes que sus vidas serían resguardadas por los miembros de la Policía Nacional, que ya se encuentra ubicada en el sector.

El único sobreviviente de la matanza, Casildo Ayala, quien se encontraba recluido en el Hospital Santo Tomás recuperándose de una herida en el cuello y otra en el abdomen, fue dado de alta anoche y trasladado a la dirección metropolitana de la Policía Nacional, donde se encuentra custodiado.
Luego de los lamentables acontecimientos que se produjeron en varios poblados panameños fronterizos con Colombia, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Policía Nacional que garantice la seguridad nacional y destacó que la lejanía geográfica de la provincia de Darién no debe seguir siendo una condición para su abandono por parte del Estado.

 
Además de solicitar que los hechos atroces cometidos el sábado 18 de enero, sean condenados como violatorios de los Derechos Humanos de la población del Darién, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que invoque la intervención del sistema interamericano para que declare la frontera de Panamá con Colombia como zona de paz permanente.
También pidió “la exigencia de la responsabilidad que le corresponden, en el plano interno como internacional, a los actores del conflicto que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de las poblaciones que no intervienen en el conflicto”.
En el mismo sentido, se pronunció la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (COONAPIP) al exigir al gobierno declarar “Zona de Paz” la provincia de Darién en sus límites con Colombia para evitar que se les vuelva a involucrar en un conflicto armado del cual no forman parte, mientras que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa, presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Nación.
A través de un comunicado difundido ayer, COONAPIP solicitó el apoyo de todos los sectores de la sociedad panameña, el gobierno, la empresa privada y demás, a fin de resolver el problema inmediato de todas las personas que habitaban las comunidades de Paya y Púcuro que ante el ataque de que fueron víctimas tuvieron que huir de sus casas sólo con la ropa que llevaban puesta.
También exigieron a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, la denuncia inmediata por la vía diplomática del gobierno de Colombia, ante la responsabilidad que les atañe por el asesinato de los líderes indígenas. Más en A2


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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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