El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, abrió una investigación por el supuesto delito contra la administración pública, tras una solicitud de la gobernadora de Panamá, Mayín Correa.
La petición la hizo la semana pasada la máxima autoridad de la provincia, pero por medio de una nota de ciudadana común.
Entretanto, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dijo que buscará restituirle al Estado el terreno de Paitilla entregado a la sociedad Segura Ventura, Inc., apoyándose en la figura del “bien oculto”, que permite el Artículo 80 del Código Fiscal, que habla que el Estado puede recuperar el bien sin pagar.
Manifestó que hecha la resolución, que aparece en Gaceta Oficial, ya no habrá trámite ante el Ministerio Público para expropiar el terreno, cuyo valor catastral es de 11.3 millones de dólares, puesto que solo actuará de oficio.
El bien oculto no es más que los bienes del Estado, pero que el mismo desconoce que le pertenecen.
El mencionado artículo del Código Fiscal, bajo el cual se ampara el Ejecutivo para la restitución, indica que “son bienes ocultos del Estado, no sólo los simplemente abandonados u ocultos en su sentido material, sino también aquellos respecto de los cuales se haya hecho oscuro su carácter primitivo de propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por incuria de las autoridades o por otra causa”.
Agrega en los puntos dos y tres que: “Las tierras inadjudicables que hayan sido concedidas indebidamente, y los demás bienes muebles e inmuebles del Estado y los dineros del Tesoro Nacional que hayan adquirido ilegalmente los particulares”, también son bienes ocultos.
Sin embargo, César Segura, quien aduce ser dueño del lote, pide ser indemnizado, puesto que trabajó la tierra.
