El denominado Frente de Inspectores y Detectives Contra la Corrupción plasmó en un documento faltas de grueso calibre en las que estarían incurriendo altos funcionarios de la PTJ.
Estas, que van desde el aceptar "coimas" hasta el nepotismo, fueron presentadas hace más de una semana ante el Frente Nacional contra la Corrupción, liderado por Enrique Montenegro. No obstante, es poco lo que se ha dicho al respecto.
Rompiendo el silencio, el director de la entidad castrense, Jaime Jácome, confirmó a Panamá América que pese a tratarse de "coincidencia y patraña", dio su autorización para que se abriera una investigación en la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) sobre cada una de las denuncias.
Jácome negó enfáticamente que casos de nepotismo se den en la entidad; sin embargo, aceptó que por su parte nombró a dos abogados de confianza: al actual secretario general, dos secretarias y un experto en tecnología.
De este último, el informe del Frente de Inspectores revela que laboró hasta agosto del año pasado en la Presidencia.
Los firmantes del documento, inspectores y detectives hasta con 20 años de experiencia, denunciaron hechos como la llegada de una secretaria a un puesto de dirección con un sueldo de B/.1,500 más gastos de representación.
Los firmantes especulan sobre si sus nuevos beneficios los obtuvo con una maestría de Recursos Humanos.
"Obsceno" consideran el salario del secretario general de la institución, de B/.2,185 con sus gastos de representación por B/.400, mientras que los funcionarios reciben viáticos de entre B/.10.00 y B/15.00 para ir al interior de la República.
También detallan que quien se encarga de autorizar los viáticos lo hace a diario, pero para su propio beneficio, lo que cobra por caja menuda y suma al salario de B/.2,400 que devenga aún sin completar los cinco años de servicio.
Encubrimiento en un sonado caso de estupefacientes y acoso sexual son otras de las acusaciones que los firmantes piden investigar.
Se denuncia también lo que llaman una "dinastía" de un funcionario que no sólo nombró a varios familiares, sino que el mismo ostenta tres cargos dentro de la institución.
Para Jácome, director de la PTJ, existe una percepción de que la entidad tiene relación con el desaparecido Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), en donde se violaban los derechos fundamentales, como herencia del G2.
No obstante, afirmó que algunos de los funcionarios de la PTJ datan desde ese período, pese a que se ha hecho "un gran trabajo" por las administraciones que le precedieron, para mejorar el recurso humano.
Para Jácome, no es justo que se cuestione a toda la institución por un hecho aislado.
Sobre el caso de Vanessa Márquez recalcó que "este caso no tiene nada que ver con la PTJ", sino con la actuación de una persona que está en proceso de investigación.
Además, dijo que "hay dos informes, uno del inspector (Rubén) Feullebois y otro del fiscal auxiliar (Luis Martínez), que dieron lugar a su separación temporal, y no es justo que se le condene (al subdirector, Erick Bravo) antes que las autoridades competentes determinen si hay una responsabilidad".
La carta dirigida al Frente Nacional contra la Corrupción tiene firma del 7 de marzo y fue recibida por este organismo dos días después.
El director de la PTJ negó la manipulación del expediente y muy pronto se revelará la verdad.
Adelantó que la División de Homicidio permanecerá con su personal y no se harán cambios.
