El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien ayer decidió seguir en su cargo, justificó su permanencia al decir que las diversas peticiones que recibió de sus amigos, colegas, el mandatario y hasta de sus adversarios políticos lo convencieron de seguir dirigiendo esa cartera.
No obstante, Mulino excusó su renuncia “irrevocable”, presentada el pasado 9 de marzo, al confirmar que fue amenazado por Kauri Amador, de la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, y el subdirector de esa instancia, Eduardo Serracín, quienes le manifestaron que de continuar con el anteproyecto de ley para crear un Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria, ellos podrían cerrar filas.
Manifestó que tras esas amenazas su reacción fue airada, lo que le llevó a presentar su dimisión, ya que, según dijo, como ministro de Seguridad no permitirá amenazas.
“Ni a ellos ni a nadie, y porque el pueblo así no lo quiere, voy a permitir que me amenacen”, dijo.
Sostuvo que dejará en manos del nuevo director de la Policía Nacional, Julio Moltó -quien, dijo, contará con todo su apoyo- la decisión sobre estos dos funcionarios.
Ante estas declaraciones, la Policía no emitió opinión. Sin embargo, el procurador de la Nación, José Ayú Prado, dijo que el Código Penal de 2007 establece que se requiere necesariamente de ciertas pruebas e indicios, acerca de ciertas conductas u omisiones, para abrir una investigación de un posible golpe de Estado.
“Como siempre, hay que ser cautos y prudentes, sin que ello signifique que se facilita la impunidad”, dijo.
Lo planteado por Mulino fue dado a conocer en horas de la mañana por la ministra de Trabajo, Alma Cortés, quien expresó que Mulino explicó en el Consejo de Gabinete la insubordinación de dos oficiales .
Entretanto, miembros de la sociedad civil y de los partidos políticos sostienen que Mulino perdió credibilidad y se convierte en cómplice de la conducta delictiva de Gustavo Pérez, que él mismo denunció.
¿Quién pierde? Pese a que el ministro dijo que sus diferencias con Pérez -el ahora director del Consejo de Seguridad- no empañarán la labor de los estamentos de seguridad manifestando que “lo haremos bien” y que estos problemas solo son institucionales, las diferencias podrían verse reflejadas en las instancias de seguridad, ya que ambos volverán a sentarse a la mesa, debido a que Mulino forma parte del Consejo de Seguridad.
Edwin Cabrera dijo no entender por qué Mulino decidió mantenerse en el cargo, pues seguirá viendo a una persona con la que mantiene diferencias conceptuales.
Según el politólogo, estas diferencias marcadas entre Pérez y Mulino podrían generar un “cortocircuito” en las instancias de seguridad del Estado, ya que los dos han medido fuerza.
Agregó que esta incertidumbre se puede interpretar como un triunfo del Gabinete debido a que mantiene a todos los miembros de su equipo.
Según Cabrera, el que pierde es Mulino, en el aspecto personal, y también se pierde en el tema de la institucionalidad, porque Pérez, quien violó la Constitución, aún sigue al frente de una importante instancia de seguridad.
El también analista Mario Rognoni indicó que las diferencias entre Pérez y Mulino son realmente serias y podrían haber radicado en quién administraba y manejaba las compras de la instancia, porque -dijo- no hay razón para que un ministro y el jefe de la Policía tengan diferencias tan marcadas.
“La intención de Mulino de poner ‘irrevocable’ en la nota fue pensando en que a Pérez no lo iban a sacar por el nivel de confianza que tenía con el presidente ”, dijo Rognoni.
Ambos analistas coinciden en que es absurdo que oficiales de la Policía amenacen a un superior. “Es absurdo, me parece un exabrupto”, dijo Rognoni, quien destacó que esa parte de la historia se ha montado para defender la permanencia de Mulino.
