Autoridades nicaragüenses desestimaron el informe brindado por la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el trasiego de 3,000 fusiles AK-47 hacia las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y aseguraron que las autoridades panameñas están implicadas en el hecho.
Esta versión fue negada por funcionarios del Ministerio Público de Panamá, quienes investigan el tráfico de los fusiles desde Nicaragua hasta el puerto colombiano de Turbo, y donde se utilizaron documentos falsificados de la Policía Nacional.
De acuerdo con una fuente ligada a las investigaciones, el material aportado por la OEA sobre cómo se realizó el contrabando de las armas ha servido para esclarecer la participación de cada uno de los estamentos de seguridad tanto de Panamá y Nicaragua.
Sin embargo, reportes de prensa nicaragüenses señalan que una Comisión de la Asamblea Nacional de ese país acusó a autoridades panameñas de ser responsables directos del contrabando del armamento hacia las AUC.
Los reportes señalan que la Comisión de la Asamblea nicaragüense desestimó el informe de la OEA que eximió de responsabilidad a Panamá en este caso, e hizo duros señalamientos a la forma cómo las autoridades nicas realizaron la transacción sin confirmar si realmente existía un pedido de armas por parte de la policía panameña.
Por otro lado, la Fiscalía Segunda de Drogas, a cargo de Patricio Candanedo, tiene proyectado realizar en las próximas semanas una serie de diligencias con la intención de dar con el paradero de varios de los implicados en este caso, que no han comparecido a ese despacho a explicar su participación en estos hechos. Hasta ahora aquí sólo permanece detenido por este caso, el ciudadano israelí Shimon Yelinek, quien está señalado por la fiscalía como la persona que fraguó el plan para realizar el manejo del cargamento de armas.
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