La posibilidad de un acuerdo político que impida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ser enjuiciados por la Asamblea Nacional y evite que algunos diputados sean investigados por la máxima corporación de justicia con la no reapertura del caso CEMIS, fue rechazada ayer por miembros del Órgano Legislativo.
Este planteamiento de algunos sectores de la sociedad civil fue objetado por el diputado de Solidaridad, Abraham Martínez, quien aseguró que algo así sería inadmisible.
Aseguró que el magistrado Adán Arnulfo Arjona sería irresponsable si no presenta ante la Asamblea las denuncias con las pruebas respectivas contra sus colegas Aníbal Salas, Winston Spadafora y Arturo Hoyos, tras anunciar que con sus fallos éstos han puesto en libertad a investigados por narcotráfico y otros delitos.
Entre tanto, el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Vladimir Herrera, dijo que sería lamentable que un tema que tiene que ver con la justicia se vea en un plano político.
Por su parte, el diputado del Partido Panameñista, José Luis Varela, dijo que la Comisión de Credenciales debe acoger la seria denuncia hecha por Arjona e iniciar el proceso.
Expresó también que no espera ningún tipo de protección de la Asamblea Nacional hacia la Corte y viceversa, ya que la ciudadanía está esperando que haya respuestas en ambos casos.
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