El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Adán Arnulfo Arjona, admitió que es difícil pronosticar la fecha en que se pueda producir un fallo ante la demanda interpuesta por la defensa del ex presidente Ernesto Pérez Balladares de separar al contralor Alvin Weeden.
Afirmó que su despacho tratará de dictar la resolución, lo más pronto posible para llevarlo al pleno. Sin embargo, admitió que este es un tema que merece ser tratado con un gran sentido de responsabilidad.
El pleno de la Corte rechazó que el expediente de la separación del contralor pasara a la Sala Cuarta y en su lugar se aprobó que éste quede bajo la ponencia del magistrado Arjona.
Es difícil establecer la fecha en que se podrá conocer el fallo, pero "créame, vamos a sujetarnos exactamente a los términos que señala la ley", enfatizó Arjona.
Explicó que existe una disposición legal mediante la cual se calcula el tiempo basado en el número de páginas del expediente y eso determina el periodo aproximado que tiene el ponente para elaborar un proyecto de resolución.
Se comprometió a poner el mayor interés en base a la relevancia que tiene el tema, como es la controversia entre el contralor Weeden y el ex presidente Pérez Balladares, pero al final la decisión será del cuerpo colegiado.
Sobre el reclamo que hizo el ex director de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Hugo Torrijos, de la demora en fallar sobre un recurso que él interpuso mientras otros posteriores ya han sido fallados, Arjona explicó que cada caso tiene un grado de complejidad diferente.
En algunos casos los planteamientos defensivos no necesariamente coinciden y en ese sentido hay que observar con mucho cuidado la conformación de cada expediente para formarse una opinión. No obstante, admitió que no está al tanto de estos expedientes, por lo que prefirió no emitir mayores comentarios.
Por su parte, el ingeniero H. Arnold Miranda, subdirector de Inspección, Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, informó que en el 2003 se sancionaron a 510 empresas en el área de la construcción.
De éstas, 359 fueron procesadas y 23 corresponden a proyectos o construcciones. El período de inspección comprende desde abril a diciembre de 2003.
Miranda recalcó que a partir de febrero próximo promoverán un programa de seguridad e higiene en las empresas, que obligará a multiplicar los inspectores y se buscará la participación de los obreros en este plan, quienes se encargarán, junto a la empresa, de velar por la seguridad de los trabajadores.
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