El relator especial de la Organización de Estados Americanos para la libertad de expresión, Santiago Cantón, afirmó ayer que en Panamá existe una libertad de expresión sana con ciertas restricciones, mientras que el exvicepresidente de la República, Ricardo Arias Calderón, consideró que existe una "libertad salvaje que hay que civilizarla".
"Existe libertad de expresión en Panamá, pero es imposible decir que sea absoluta, porque existen ciertas restricciones", planteó Cantón.
El relator de la OEA emitirá hoy un informe sobre la libertad de expresión en Panamá, luego de haberse reunido con dueños de medios, gremios periodísticos, sindicatos, agrupaciones, organismos civiles y otros.
Indicó que todavía existen algunas leyes de desacato en cuanto a la ofensa de los funcionarios y particulares que participan en la vida pública, que deben ser eliminadas.
Durante el coloquio con periodistas y miembros de la sociedad civil, Arias Calderón afirmó que existe un problema que viene de adentro de los medios de comunicación donde prevalece el interés de ganar dinero y captar publicidad.
"Que se diga que la mejor ley de prensa es la que no se ha escrito es una anarquía, porque así como todas las otras profesiones tienen un marco jurídico el periodismo también debe regularse", apuntó Arias Calderón.
Añadió que los periodistas deben tener "deberes y derechos", porque el consumidor compra un producto y puede exigir calidad y veracidad.
"Los tribunales les tienen miedo a los medios de comunicación y los políticos también y yo habló así ahora porque no tengo ningún interés en la política, de lo contrario fuera vedado por los medios", enfatizó Arias Calderón.
También se cuestionó el poco acceso que se tiene a la información por parte de los funcionarios cuando por Constitución Nacional y las normas internacionales establecen que es un derecho inalienable de los ciudadanos, los bajos salarios que perciben los periodistas en el país y la distribución de la publicidad estatal.
Cantón precisó que debe existir una regulación que sancione a los funcionarios por la falta de cooperación o la poca disposición a brindar información estatal.
"Nadie está de acuerdo con los excesos de la prensa, pero el funcionario público no debe tener derecho por encima del resto de los ciudadanos", adelantó Cantón.