La ambientalista Raisa Banfield denunció que en Panamá no se ha hecho una evaluación seria, de cómo la actividad minera impactará otros sectores como el turismo, la seguridad alimentaria, la ganadería y el agua.
Señaló que Panamá necesita contar con autoridades que en base al mandato que recibieron, representen a los tres millones de panameños y no los intereses de gobiernos extranjeros y la empresas privadas.
Cuestionó que la administración pasada impidiera que se declarara una moratoria en el campo de la minería y que este gobierno le de un empuje, situación que ha provocado la crisis social que se vive actualmente.
Según Banfield el incremento de las multas y el porcentaje que recibe el Estado no se equipara con las afectaciones ambientales que genera la actividad. Además recordó que el 5 % que se fijó en Panamá es irrisorio en comparación con el 14 % que se paga en otros países como Canadá.
