Un frente común para oponerse a la rebaja de la pena en el delito de acto libidinoso y a la eliminación del delito de posesión de pornografía infantil está decidido a enfrentarlo el Ministerio Público, aseguró la fiscal especializada en Delitos Contra el Pudor, Maruquel Castroverde.
La especialista también advirtió que la posesión de la pornografía infantil, va a dejar de ser delito en nuestro país.
Según la fiscal esto dará pie a que existan clubes de pedofilos o de personas que les interesa este tipo de afición, quienes podrán intercambiar el material como si fueran figuritas; sin que las autoridades estén en capacidad de poder perseguir el delito.
Castroverde, quien aspira a a dirigir la Defensoría del Pueblo, dijo que el pretenderse rebajar la condena contra el delito sexual de actos libidinosos a un año, es una decisión muy desafortunada, ya que el delito es penalizado de 3 a 6 años de cárcel.
Las estadísticas indican que en el 2005 se registraron 469 denuncias de actos libidinosos contra menores de edad, de un total de 483 que hay a nivel nacional, mientras que nueve fueron los casos de pornografía infantil ingresados en la Fiscalía contra los Delitos Sexuales.
La fiscal Castroverde sustentó su preocupación en el hecho que a las víctimas infantiles se les están vulnerando sus derechos humanos, por lo que se opone firmemente a las medidas señaladas por la Comisión Técnica en el Pacto de Estado por la Justicia.
Aseguró que los miembros de esta Comisión no conocen la realidad de las víctimas. La fiscal agregó que los menores agredidos sufren consecuencias como: enfermedades de transmisión sexual y traumas sicológicos que afectan su normal desenvolvimiento en la vida.
Otro informe que obtuvo este medio señala que la primera semana del mes de octubre, antes de ocurrida la desaparición de Badillo, llegaron cinco hombres de civil, armados, al último poblado panameño conocido como Punta Ardita en la frontera con Juradó.
En esta área habitan 12 familias de apellido González y Escalante, a quienes los despojaron de sus bienes y les llevaron un aproximado de B/. 30 mil, ganancias producto de la pesca y la comercialización de madera.
Una de las preocupaciones de esta área indígena es que las autoridades locales (Nokoe) no están visitando el lugar y están desprotegidos.
Aunque no se ha podido establecer quiénes son los que actúan ilícitamente en esta área, se mantiene la zozobra, por saber si son grupos subversivos o un brote de bandoleros.
Se ha conocido que las autoridades policiales de la región manejan información de la situación irregular que se está manejando en el área.
Panamá América trató de conseguir una versión policial, pero no se dio respuesta al respecto.
Las fronteras de Panamá y Colombia se establecieron mediante el Tratado Vélez-Victoria, aprobado por la Ley 53 de Agosto de 1924.
La frontera entre ambas naciones tiene una longitud de 266 km, desde el punto equidistante entre las puntas Cocalito y Ardita, en el Océano Pacífico, hasta el Cabo Tiburón en el Mar Caribe.
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