En la República de Panamá, existen aproximadamente 3 mil personas con anemia falciforme.
Por cada mil personas que nacen, una padece la enfermedad, la cual es de carácter hereditario, y causa crisis de dolor y daños en órganos vitales.
por su parte, Ninotchka Mendoza, del Servicio de Hematología del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, instó a los panameños para que se realicen los exámenes de hemoglobina.
La historia es diferente para Carlos, él no tiene una discapacidad física. La suya es mental y marca la diferencia, ya que a quien de cariño llaman "Pito", le tocó enfrentar a una sociedad más dura que la actual, porque al nacer se desconocía el tratamiento de su "enfermedad", la que hoy es conocida como Síndrome de Down (SD). Ello, porque en el año de 1947 en Panamá no había registros de niños con estas características especiales. Incluso, no había escuelas ni centros especiales para atenderlos.
Hasta los médicos se sorprendieron cuando nació, así lo relata su hermana Norita Scott Pezet en su libro "Mami y yo".
El 1 de septiembre del 2004 se creó la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
A través de estos estamentos, el gobierno implementa la que denominó como una Política Pública de Inclusión Social, con miras a dar respuestas concretas y transversales en el tema de la discapacidad.
En su momento el presidente de la República, Martín Torrijos, señaló que el país "tiene una importante deuda moral y social con este sector, ya que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad y de exclusión social".
Tres años han pasado. Para Fanny Wong, coordinadora Latinoamericana de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad es "letra muerta", pues todavía no se han encontrado los mecanismos para que se cumpla todo lo que se anunció.
"No hay una calidad, no hay una fiscalización, situación que persiste tanto en las áreas comarcales como en la ciudad", dijo.
Aunque la ley establece que los edificios de uso público deben ser accesibles para todos, se siguen erigiendo construcciones nuevas sin el acceso para personas con discapacidad, pues no todas las escuelas, ni públicas ni privadas, ni las universidades, tienen accesos.
Destacó que es necesario un ente fiscalizador que haga cumplir las leyes, que se asignen presupuestos para que se cumpla la ley, no debe haber excusa de que no hay plata para eso, "porque los derechos humanos no son negociables".
