El gobierno no tiene la menor intención de investigar los casos de los desaparecidos durante el período militar, indicó el presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza.
El denunciante asegura que el gobierno se burló de los familiares de los desaparecidos al enviar a una funcionaria "de cuarta categoría" a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en Washington.
Todo esto sumado a que el miércoles se venció el plazo que tenía el gobierno para nombrar a quien representaría al Estado en las negociaciones, según Almanza. Estas iniciarán en dos semanas, en nuestro país.
Sobre una indemnización económica, respondió que aún no han definido una cantidad, pero añadió que podría tratarse de B/.50 millones.
Por su parte, Gabriel Miró, de Pro-Justicia, denunció que el gobierno quiere dividir a los familiares de los desaparecidos, negociando con los quienes atraviesan una crisis económica.
Entre tanto, el presidente de la Comisión de la Verdad señaló que existen fuertes indicios de que los restos del padre Héctor Gallego y Encarnación González están enterrados en Coiba.
Sospechamos que otros 16 restos encontrados en esa isla pertenecen a desaparecidos durante la dictadura, por lo cual pedimos al gobierno que realice las pruebas de ADN para conocer su identidad, añadió.
