El presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, coincide en que el Estado tiene el compromiso de pagar a Finmeccanica, mientras no se instaure un proceso que implique denuncia o solicitud de anulación de contrato.
Álvarez sostiene que en "Panamá no se conoce ninguna acción por parte del Gobierno, más que declaraciones públicas que hacen efecto en los funcionarios, mas no en los expedientes".
Señaló en KW Continente que el Estado cumple con una obligación contractual de tipo civil y mientras no se de una orden de un juez, el banco gestor debe continuar con los pagos.
El abogado también cuestionó el hecho que funcionarios hagan "declaraciones mediáticas" que afectan la imagen de un expediente y muchas veces, también afectan la actuación de un juez o un fiscal.
“Los funcionarios deben dejar de estar haciendo anuncios públicos que crean falsas expectativas a la opinión pública, y en sus lugar, acudir a los tribunales con pruebas. La justicia poco puede hace con declaraciones públicas”, dijo.
Álvarez señaló que al Gobierno de Panamá le corresponde actuar jurídicamente tanto en materia civil como penal, en caso de existir alguna irregularidad en el contrato.
"Sino se instala un proceso en Panamá y se la pasan haciendo declaraciones pública crearán una expectativa en la opinión pública que no detiene pagos", puntualizó.
