En letra muerta se convirtieron las 70 páginas del manual de control y fiscalización del FECE en el caso de San Miguelito.
Una norma de oro, es que toda escuela que quiera recibir dinero del Fondo debe conformar una Comunidad Educativa Escolar, para su manejo y fiscalización.
Ninguno de los planteles usados para el presunto desfalco tenía este ente, compuesto por un representante de los padres de familia, la sociedad civil, directivos del plantel y fiscalizadores del Ministerio de Educación.
¿Cómo Educación abrió cuentas en el Banco Nacional a favor de escuelas que no cumplían este requisito? Esta es un pregunta aún sin contestar.
De existir esta Comunidad, el Director del plantel hubiera tenido la obligación de rendirle cada mes un informe económico pormenorizado.
El uso del dinero tiene, por norma, un segundo filtro: la Oficina Regional de Bienes Patrimoniales del MEDUCA, que a su vez debe enviarlo a la Oficina de Administración del FECE en la sede central del Ministerio.
Además, toda compra que supere los B/.15 mil debe ser fiscalizada por la Contraloría.
Las solicitudes de dinero deben pasar por siete instancias diferentes a lo interno de la Comunidad Educativa, establecidas para evitar malos manejos.
El dinero de cada plantel es depositado en una cuenta individual a nombre de la Dirección Regional y los cheques girados deben ser firmados por el Director o Subdirector de la escuela y un representante de la Comunidad.
