El director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Pablo Barrios, anunció la aplicación de nuevos dispositivos de seguridad en la Sala de Oro del Museo Reina Torres de Araúz, luego que la Fiscalía Primera de Circuito devolviera 260 piezas de las 292 hurtadas el pasado 14 de febrero, mientras que el Ministerio Público analiza una serie de conversaciones telefónicas donde se trataba su venta.
Barrios explicó que se ha dispuesto la instalación de un sistema de circuito cerrado, sensores de movimiento, se ha cambiado la combinación de la bóveda y se destinará más personal para las labores de vigilancia.
El funcionario detalló que también se hace necesario realizar una reorganización del museo para evitar que vuelvan a suscitarse situaciones similares a las que se registraron durante el fin de semana del 14 de febrero.
Alegó que algunos sectores intentaron utilizar políticamente esta tragedia, pero su recuperación devolvió la tranquilidad al país y la confianza en las instituciones de seguridad del Estado. Por su parte, el fiscal Primero de Circuito, Arquimedez Sáenz, detalló que su despacho analiza una serie de llamadas telefónicas realizadas por algunos funcionarios del museo, que pudieran significar contactos para la venta de las piezas.
Expresó las investigaciones se encuentran bastante adelantadas y que se intenta ubicar por todos los medios las restantes 14 ó 15 piezas no recuperadas, pero será muy difícil que alguien las logre colocar en el mercado local.
Las piezas sustraídas del museo corresponden al período comprendido entre los años 500 y 1,500 después de Cristo y se ha establecido que provenían de las regiones de Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclé y algunas de la provincia de Panamá.
Fuentes ligadas a las investigaciones han señalado que el hurto se perpetró con la colaboración de funcionarios del museo y el posible asesoramiento de personas ligadas con el crimen organizado, quienes idearon el plan para sustraerlas.