Preocupación e incertidumbre ha surgido entre los principales gremios empresariales del país, debido a que el gobierno podría aplicar nuevos impuestos para "cumplir con la promesa política" de aumento a los jubilados.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá lamentó que se puedan aplicar nuevas exigencias fiscales "sin una previa revisión ni discusión con los involucrados" en este tema.
El llamado que hace la Cámara de Comercio al gobierno se fundamenta en que no se pueden aplicar estos cambios a las normas fiscales, solamente para "solucionar atolladeros políticos que lo único que hacen es perjudicar el clima de estabilidad" que ha contribuido a atraer inversiones al país.
Consideró que el planteamiento de las autoridades representa un "costoso retroceso" a la economía, más cuando se han realizado dos reformas fiscales en menos de un año.
Asimismo, cuestiona la imposición de una nueva carga económica a la Caja del Seguro Social (CSS), cuando es conocida la "precaria y deficitaria" situación de sus finanzas.
"Los fondos de la Caja del Seguro son propiedad de quienes han aportado para garantizar su seguridad médica y jubilatoria y, por ende, asuntos de interés político como este no deben tener cabida", plantea la dirigencia empresarial.
Esta posición es compartida por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), que también criticó los cambios en la política fiscal que se pretenden realizar para otorgar el aumento de B/50 solicitado por los jubilados.
El SIP plantea que "estas situaciones coyunturales provocadas por grupos de la sociedad no deben ser motivo de cambio en las políticas fiscales del gobierno, ya que ocasionan incertidumbre en los actores económicos, principales, generadores de empleo y desarrollo del país".
Enfatizó que la propuesta del gobierno "no resulta la respuesta más acertada a la situación que se le presenta a las autoridades y al país con las presiones de los adultos mayores".
Panamá Américaintentó obtener una versión del gobierno, pero no se dio respuesta a la solicitud.
La propuesta del gobierno para financiar el aumento y no afectar las finanzas de la CSS es imponer un impuesto a la producción de cervezas.
La sustentación es que la actividad cervecera mensual registró un aumento de millones de litros del líquido entre 2006 al 2010.
El presidente Ricardo Martinelli anunció días atrás que el gobierno asumirá el 60% y la CSS el 40% del ajuste.
A los jubilados que devengan una pensión de hasta B/250 al mes se les haría un incremento de B/50, pagadero en el 2011; a los que tengan entre B/250.01 y B/375, sería de B/30 a partir del 2012.
Mientras que los que ganen entre B/375.01 y B/500 obtendrían un ajuste salarial de B/20 en el 2013.
