E l nombramiento del gerente ejecutivo de crédito del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Eloy Nuñez Ayala, fue objetado por el secretario anticorrupción, Fernando Nuñez Fábrega, quien aduce que el funcionario, “no goza de buena reputación”.
Panamá Américatuvo acceso a una nota que Núñez Fábrega envió esta semana al gerente del BDA, Alejandro Posse, señalando que Nuñez Ayala fue “destituido” de la Contraloría y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por presunto “soborno”.
Destaca la nota que a pesar de que la defensa de Nuñez Ayala presentó un recurso de casación en el caso penal que se le sigue por el presunto delito de concusión, “no podemos pasar inadvertidos de que se le acusa de solicitar dinero al dueño de dos empresas a cambio de agilizar los Certificados de Abonos Tributarios”.
Agrega que al nuevo funcionario del BDA, también se le acusa de “amenazar al mismo empresario de que tendrá que afrontar las consecuencias de otro informe, de no dar el pago exigido”.
Manejo de fondos.
El secretario anticorrupción indicó a Posse que el recurso de casación interpuesto a favor de Nuñez Ayala, “no puede constituirse en una patente de corso temporal para ostentar un puesto de alta jerarquía con acceso al manejo de los fondos y bienes del Estado”.
Sustenta que de acuerdo con el Artículo 1088 del Código Fiscal, cualquier persona puede demandar la nulidad del nombramiento del gerente de créditos de la entidad, por “no cumplir con los atributos exigidos para ser empleado o agente de manejo”.
Indicó que la “buena reputación” es un “atributo indispensable” para ser empleado, principalmente en un alto cargo.
Referencias.
Según Nuñez Fábrega, el nuevo gerente ejecutivo del BDA fue destituido en el 2003 de los cargos de Director de Auditoría General de la Contraloría y de auditor de la ACP por los presuntos delitos que se le endilgan.
¿Más irregularidades? Panamá América conoció además que la Secretaría Anticorrupción también adelanta una investigación contra dos abogados del Partido Panameñista.
La fuente que reveló la información no quiso profundizar, pero dijo que uno de ellos es un actual diputado y el otro, un ex ministro del gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso.
Según los avances de la investigación, estos abogados supuestamente están implicados en la venta irregular de Certificados de Abonos Tributarios por B/ 8 millones.
