El recién designado cónsul de la República Dominicana en Panamá, William Soto Medina, anunció la creación de una oficina para brindar asistencia legal en aspectos migratorios a la colonia de dominicanos en este país y que se calcula en unos 20 mil.
Explicó que esta oficina brindará asesoramiento de manera gratuita y será atendida por abogados panameños y dominicanos, pues los ciudadanos del país caribeño han sido objeto de engaños y abusos en sus trámites para legalizar su status en Panamá.
Según Soto Medina, se estima que unos cinco mil dominicanos aún no han legalizado su presencia migratoria en Panamá, de allí que existe la intención del consulado en coordinar con la Dirección Nacional de Migración y Naturalización para resolver la situación de estos ciudadanos.
Habrá algunos casos donde no se podrá solucionar su situación, afirmó el cónsul, quien agregó que hará lo posible por pactar convenios bilaterales sobre el tema. Recientemente el Gobierno panameño, a través de Migración, inició un programa para conocer el status de miles de chinos que ingresaron al país en forma irregular.
Corro destacó que en Colón se está por recibir unas 60 celdas adicionales en el Centro Nueva Esperanza. En cuanto a proyectos grandes, manifestó que este año se iniciará la construcción de un nuevo centro penitenciario para la provincia de Bocas del Toro, en donde ya tienen el espacio físico para iniciar los trabajos.
Ese centro que podrá alojar más de 150 internos y tendrá un costo de B/. 620 mil. "Resultará un gran alivio para la región", dijo Corro, y se logrará no sólo albergar a los detenidos de Bocas del Toro que se encuentran en las cárceles de Chiriquí, sino que concentrará a los internos de tres sectores: Changuinola, las islas y Almirante.
Agregó que un estudio determinó la necesidad de hacer un único centro penitenciario para las provincias centrales, con la intención de sacar a los detenidos que se encuentran en las sedes de la Policía y congregarlos en ese centro que estaría distante de las comunidades.
Ese centro tendría todas las condiciones para hacer el trabajo de resocialización, que no se puede hacer en los centros policiales y le permitiría a los detenidos estar en su misma área sin tener que ser trasladados a la ciudad capital o Colón, lejos de sus familiares.
No obstante, este proyecto, aún en estudio, ha tenido opiniones en contra dentro de las mismas comunidades, porque los residentes sienten inseguridad el tener una cárcel en sus predios. Corro recalcó que los centros de detención en los cuarteles están todavía más próximos a las comunidades de lo que pudieran estar los que incluye este proyecto.
El proyecto, destacó, a la vez que necesitará de mano de obra para su construcción, requerirá de personal administrativo y de productos de abastecimiento que resultarán en beneficios para la comunidad. Corro dijo que esta infraestructura es costosa y se requiere evaluar el terreno, que todavía no se tiene, para luego programar la realización de los planos.
"Todos los detenidos en el país tienen que salir algún día de los centros penitenciarios, por lo que hay que darles una oportunidad de cambio, a través de la resocialización", manifestó con optimismo Concepción Corro.
Otro reclamo proviene de los docentes orientadores graduados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, quienes pese a sus títulos denuncian que no se les ha hecho justicia y se ha nombrado a otras personas.
Al ser entrevistado el profesor Francisco Rojas, director del Departamento de Orientación Educativa y Profesional, manifestó que desde años anteriores y amparados en la Ley No. 34 los egresados de la carrera de Orientación deben tener prioridad en los nombramientos. El concurso en estas categorías está impugnado y según indicaron algunos educadores afectados, el día lunes protestarán ante las instalaciones de la Junta de Personal hasta que se resuelvan legalmente sus casos.
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