La Fiscalía de Drogas ordenó la ejecución de una ampliación de las declaraciones de los implicados dentro de la investigación por el tráfico de 3,000 fusiles AK-47 procedentes de Nicaragua y que terminaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Una fuente ligada a las investigaciones informó que el fiscal segundo de Drogas, Patricio Candanedo, quien adelanta las pesquisas, ordenó la ampliación de las declaraciones de los propietarios de la embarcación Otterloo, que fuera vendida el pasado mes.
Trascendió que la Fiscalía también ordenó la ampliación de las declaraciones de los representantes de la clausurada empresa Trafalgar Maritime International, para explicar la transacción realizada y determinar el nuevo nombre de la embarcación.
A la vez se ha reiterado una petición a las autoridades mexicanas para conocer el paradero del empresario Miguel Onattop, quien era el propietario original de la embarcación en donde fueron transportadas las armas.
También las autoridades se encuentran a la espera del informe final que entregará la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la supuesta participación de autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua en la venta de las armas.
Hasta ahora las investigaciones no han arrojado ninguna responsabilidad directa contra ningún funcionario o empresario señalado dentro de las mismas, a pesar que las armas realizaron un recorrido por tres países sin que fueran detectadas.
Este es el cargamento de armas más grande trasegado hacia grupos paramilitares colombianos en los últimos años, que se presume serán utilizadas para ejecutar ataques contra los grupos guerrilleros alzados en armas en ese país. Las autoridades centroamericanas han propuesto la modificación del tratado sobre la venta y tráfico de armas para aplicar nuevas regulaciones.
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