El Juzgado Primero de Colón ordenó la ampliación de las sumarias seguidas a la alcaldesa, Matilde Rosales de Ardines, y a un grupo de concejales, por el presunto delito de fraude mediante la emisión de B/.300 millones en bonos y para ello solicitó la ejecución de una serie de careos y pidió a Estados Unidos se tome declaración al empresario Richard Stanton de la empresa Trident Plus Inc.
El abogado Víctor Almengor, representante legal del concejal Clinton Rodríguez, confirmó que el juzgado ordenó la ejecución de una serie de diligencias dentro de la ampliación de las sumarias, entre las que se encuentran la declaración indagatoria de varios concejales y algunos careos.
Almengor informó que ordenó los careos entre el concejal Felipe Barrios y el abogado del Consejo Municipal de Colón, Tomás Mudarra. Hoy se tiene previsto otro careo entre el abogado Tomás Mudarra y Clinton Rodríguez.
El tribunal solicitó a las autoridades norteamericanas se tome una declaración al empresario Stanton, uno de los directivos de la empresa Trident Plus Inc., a través de la cual se habría hecho la transacción para la impresión de los bonos.
Se dispuso la ejecución de una diligencia de reconocimiento caligráfico por parte de expertos de la Policía Técnica Judicial para determinar la autenticidad de una carta firmada por Luis Jaén, supuesto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se establecía que el Estado daba el aval para la emisión de los bonos.
Igualmente, se analiza el hecho de que todos los documentos previos a la solicitud de confección de los bonos y los posteriores para el pago del trabajo, cuentan con un sello de revisado supuestamente de la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Control Fiscal, Regional de Colón.
En las elecciones pasadas se impugnaron más de 7 mil personas por esta falta y muchos de ellos ya han sido castigados con multas y hasta con encarcelamientos.
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