La Fiscalía Auxiliar giró una orden de arresto contra tres miembros de la Policía Nacional, implicados en la muerte del ciudadano César Augusto Gálvez, ocurrida en la comunidad de Nueva Esperanza, Felipillo, luego de establecer la existencia de evidencias sobre su participación en el hecho.
De acuerdo con la resolución firmada por el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, la versión dada por los agentes policiales no se ajusta al procedimiento y no se ajusta a los hechos, debido a que si el occiso hubiese portado un arma de fuego en su mano derecha, como aseguran los policías, éste no hubiese recibido un impacto de bala en ese lugar.
Según el documento también quedó establecido que el examen en el cuerpo de Gálvez dio negativo en la prueba de parafina, en donde se determinó que nunca accionó un arma de fuego y que los señalamientos de los testigos también evidencian acciones irregulares de las unidades de la Policía.
Entre los testimonios recogidos por la fiscalía se encuentran los de Jacinto González y Elisa Sánchez, quienes señalan que los que efectuaron detonaciones fueron los miembros de la Policía Nacional, y nunca vieron a Gálvez en posesión de un arma de fuego.También existe el señalamiento de Justino Murillo, quien destacó que los miembros de la Policía le solicitaron dos tanques de agua, que fueron utilizados para limpiar sangre del pasillo de una iglesia, lo que hace ver que el cuerpo de Gálvez se encontraba inicialmente en un sitio y luego fue trasladado a otro lugar.
Además, Murillo alegó haber recibido múltiples amenazas contra los vecinos, efectuada por agentes policiales para que no dijeran nada de los hechos ocurridos el pasado 14 de abril, pero esta situación fue negada por la Policía.
Según la versión de los agentes policiales Mario Aizpurúa, Carlos Acosta y Luis Villarreal, ellos estaban en persecución de unos sujetos que ejecutaron un robo y que al acercarse al lugar les fueron hechas varias detonaciones y respondieron al ataque de igual forma.
No obstante, a pesar de la orden de la Fiscalía Auxiliar, la Ley 18 de junio de 1997 permite a los agentes permanecer en las instalaciones de la Policía de Ancón, realizando funciones administrativas y no se le permite abandonar este centro.
