El Tribunal de Cuentas ordenó la cautelación de los automóviles y una finca propiedad del representante de Calidonia, Ramón Ashby Chial, por posibles irregularidades en el manejo de 505 mil 335 dólares que pertenecían a la Junta Comunal de ese corregimiento.
La decisión fue tomada por los cuatro magistrados de este tribunal, luego de evaluar el caso y una auditoría especial que se realizó a las cuentas de la Junta Comunal de Calidonia.
Tras ello, la institución consideró que era viable la medida cautelar sobre los bienes muebles de Ashby, y también los de su tesorera Edda María Pinto, con el fin de evitar que “las pretensiones del Estado en recuperar su patrimonio resulten ilusorias”.
La cautelación impide que los vinculados al caso puedan desaparecer u ocultar sus bienes con los que se pueden resarcir los daños al Estado, explicó el fallo del Tribunal de Cuentas.
La orden incluye una finca del representante Ashby en la ciudad de Panamá, un auto Hyundai, modelo Sonata y otro Honda, modelo Accord.
Mientras que contra la tesorera Pinto se ordenó la cautelación de una cuenta en el Banco General.
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, la Junta Comunal de Calidonia efectuó desembolsos por 505 mil 355 dólares entre el 1 de septiembre de 1999 y el 30 de agosto de 2003, que no cuentan con la documentación sustentadora y no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Contratación Pública.
En ello se incluyen desembolsos por compras de celulares, cheques pagados sin documentos sustentadores, cheques pagados que incumplieron disposiciones del Código Fiscal, cheques pagados en concepto de planilla y transporte para personal con identificación incorrecta, compra de una cámara filmadora, pago de facturas de licor por 3 mil 900 dólares, cheques pagados con facturas sin montos, cheque con factura alterada, desembolsos mediante el fondo de inversión, entre otros.
También se encontraron supuestos contratos de trabajo en los que no existe evidencia de la labor realizada por esos funcionarios.
Además, la auditoría especial, incluida como parte del fallo del Tribunal de Cuentas, detectó siete contratos no refrendados por la Contraloría General de la República por la suma de 49 mil 450 dólares a favor de Ramón Ashby Saldarriaga, padre del representante de Calidonia.
Al inicio de la investigación se vincularon a las posibles irregularidades cuatro personas, pero la Fiscalía de Cuentas determinó que las responsabilidades solo recaerían sobre Ashby y la tesorera Pinto.
El Tribunal de Cuentas también procedió a notificar al Banco General, la Tesorería Municipal, el Registro Público y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para que saquen de circulación comercial las propiedades de Ashby y la tesorera Pinto.
Se intentó conocer la versión del representante Ashby, pero no contestó a la solicitud. Fuentes allegadas al político dijeron que aún este no había sido notificado por el Tribunal del Cuentas.
