Una fianza de excarcelación de 100 mil dólares otorgó el Juzgado Tercero Penal al florista César Segura, investigado por supuestas irregularidades en la concesión de un terreno en Paitilla.
Aún queda pendiente un “habeas corpus” que está en manos del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía.
Ambos recursos fueron interpuestos el pasado viernes 18 de noviembre por su abogado Dionisio Rodríguez, incluso días antes de la indagatoria de Segura ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), registrada el pasado miércoles.
La decisión del jefe del Ministerio Público, de ordenar la detención preventiva de Segura, no fue bien aceptada y calificada de exorbitante por algunos juristas.
Este fue el caso del constitucionalista Silvio Guerra, quien manifestó que 100 mil dólares es una suma muy alta para un hombre que no tiene recursos económicos.
Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, señaló que si Segura es un vendedor de flores, esa suma es bastante alta para cancelar la fianza que le han impuesto.
Sin embargo, explicó que las fianzas se fijan según la lesión patrimonial que se cause al Estado.
Entre tanto, Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana, dijo que la fianza la basan en la lesión patrimonial, pero no creo que un vendedor de flores tenga la capacidad económica para pagar esta suma de dinero.
Se trató de contactar a su abogado, pero no respondió su teléfono celular, sin embargo, se conoció que aún no se le ha notificado de la decisión, pues el expediente fue remitido al procurador general de la Nación, José Ayú, para notificación.
Si se decide consignar esta fianza de 100 mil dólares, existen varias maneras de pagarla, en efectivo y a través de una compañía de seguro que respalde el dinero con un bien.
Segura se mantiene detenido en la cárcel transitoria de la Dirección de Investigación Judicial, desde el pasado 23 de noviembre que fue indagado y se le aplicó la detención preventiva.
Al vendedor de flores se le formularon cargos por la supuesta comisión del delito de peculado y falsedad.
Según el procurador José Ayú Prado, el artículo 2140 del Código Judicial establece que el delito con una pena mínima de cuatro años de prisión, le cabe la detención preventiva.
Este fue el caso de Segura, a quien se le formuló cargos por peculado, y la pena es de cuatro a seis años de cárcel, por ser un particular.
En cambio, en el caso de Anabelle Villamonte, a quien también se le formularon los mismos cargos, pero por ser funcionaria al momento de imputarle el ilícito, la pena mínima es de tres años de cárcel.
Esta valoración para aplicar las medidas cautelares provocó fuertes críticas que apuntan a que estas medidas cautelares reflejan una desbalanceada justicia.
