Otro caso contra exministro Mulino se cocina en el Ministerio Público
Se trata del caso que guarda relación con la negociación de la construcción de cárceles modulares con el consorcio Svenmark. La fiscal Tania Sterling solicitó documentación al Ministerio de Gobierno el pasado 9 de junio.
Mulino es un importante crítico del gobierno de Juan C. Varela. Archivo
Un nuevo proceso contra el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino se tramita en el Ministerio Público.
La fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, solicitó el pasado 9 de junio, al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, toda la documentación relacionada con la negociación de la construcción de cárceles modulares con el consorcio Svenmark.
La petición motivó que con "carácter de urgencia" se pidiera a la dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno "si se ha registrado o tramitado documentación en referencia a la construcción de cárceles modulares".
Este caso guarda relación con una investigación que se sigue a Valter Lavitola en Nápoles, Italia.
También se enmarca dentro del memorando de entendimiento para cooperación de seguridad, suscrito entre Panamá e Italia, a mediados de 2010.
Los documentos a los que tuvo acceso Panamá América se revelan en momentos en que sale una publicación en el diario La Prensa, la cual señala que Mulino incurrió en división de materia, en otro tema, para otorgar un contrato relacionado con el sistema "Pele police".
En reiteradas ocasiones, el exministro y otros abogados han señalado que casos montados contra quienes fueran autoridades en la anterior administración fueron publicados antes en el medio impreso afín al gobierno, para posteriormente ser usados por fiscalías para adelantar expedientes contra estos.
Mulino ha insistido al presidente Juan C. Varela que cese su persecución política y la manipulación del Ministerio Público.
Al extitular todavía se le mantiene el expediente de los radares abierto, a pesar de que un juzgado declarara nulo la mayor parte de este.
Dicha decisión fue posteriormente revocada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.