La Coordinadora Nacional de Padres de Familia se resistió ayer a que los directores de escuelas manejen los fondos que los acudientes recolectan para cubrir necesidades como el pago a trabajadores manuales de los planteles, pintura, reparación de baños y compra de equipo para los colegios.
El presidente de la Coordinadora de Padres de Familia, Eric Rodríguez, explicó que las asociaciones de acudientes "se han visto obligadas a realizar actividades económicas debidamente reglamentadas por la autoridad competente como: venta de frituras, rifas, tómbolas, bailes, ferias familiares, reinados y hasta una cuota de los padres de familia".
Incluso -agregó Rodríguez- ante la incapacidad del Ministerio de Educación de nombrar profesores de Informática, los padres de familia crearon una cuota para nombrar a estos educadores. De los fondos de las asociaciones también sale para pagar trabajadores manuales.
Así mismo, Rodríguez reconoció que algunos exministros de Educación permitieron "a ciencia y paciencia que un grupito de dirigentes de las asociaciones se apropiaran de los fondos de algunas escuelas y colegios, pero éstos son una pequeña minoría y están todos identificados fuera del sistema".
"Nuestra organización de padres ha luchado desde su fundación contra la corrupción que se da a todos los niveles del sistema educativo, empezando desde las asociaciones, siguiendo por los directores, docentes, hasta el mismo Ministerio de Educación, los cuales han apadrinado en algunos momentos estas situaciones por omisión", dijo el dirigente de los acudientes.
Rodríguez argumentó que las asociaciones de padres de familia no pueden recoger los fondos, porque dudan de su honestidad, entonces tampoco lo podrían hacer los directores de escuelas, porque también hay muchos que han utilizado de mala manera los fondos de la Ley 13 o Ley Wilson, la cual permite que los planteles secundarios usen parte de los fondos de matrícula para su mantenimiento.
El pronunciamiento de Rodríguez surge ante la elaboración de un borrador de decreto ejecutivo que trata de evitar malos manejos de los dineros recaudados por las asociaciones de padres de familia, que han provocado la pérdida de por lo menos 300 mil dólares.
La Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia del Ministerio de Educación es la proponente del decreto. Según fuentes educativas, el decreto podría permitir al Ministerio de Educación, a través de los directores, intervenir para fiscalizar el manejo de los fondos en las asociaciones.
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