La muerte entre las llamas de 18 personas dentro de un bus con desperfectos, es algo que perseguirá a muchos políticos. De este gobierno y del anterior. Y tal vez los del futuro.
Los familiares de las víctimas se encargarán de ello. Para que no haya dudas de este asunto, interpusieron ayer mediante abogados una demanda en contra del Estado panameño por una cantidad nada simbólica de dinero: B/.195 millones.
Hay que aclarar que la demanda la interpusieron familiares de 11 víctimas.
Los abogados Carlos Gavilanes y José María Villar acudieron ayer ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte para presentar ocho demandas contra la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Banco Nacional de Panamá (BNP).
La demanda busca que se resarzan los daños morales y sicológicos ocasionados.
En la demanda también se incluye a tres de los sobrevivientes.
En la demanda se incluye al BNP por considerar que esa institución financió la compra del buses modelo DINA que se incendió y que los funcionarios del banco incumplieron con su función de verificar las condiciones de los vehículos.
En la demanda se adicionó el informe elaborado por el perito de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Alcibiades Mayta, en donde se establece que el vehículo tenía un sistema eléctrico defectuoso y que en las especificaciones de fábrica no existía un diagrama del cableado eléctrico y que utilizaba como refrigerante el gas HC12a altamente inflamable, prohibido en otros países, como Estados Unidos.
