La Procuraduría de la Administración no ha analizado si los presidentes de la República tienen derecho a vacaciones, señaló la procuradora Alma Montenegro de Fletcher, quien seguidamente aclaró que esa institución siempre ha defendido "el derecho a vacaciones" de los funcionarios públicos.
La aclaración de los procuradora Fletcher responde a la mención que hizo el ex presidente de la República, Guillermo Endara Galimany, quien señaló que aún el Estado le adeuda cerca de B/. 28,000 en concepto de vacaciones.
Recordó que la Procuraduría de la Administración sólo analizó el caso de los legisladores, y llegó a la conclusión de que no tenían derecho al pago de vacaciones.
Pero en el caso del presidente de la República aún no se ha analizado y aunque reconoció que vale la pena hacer un examen, aclaró que la entidad no puede hacerlo de oficio, sino a petición de los interesados.
Reconoció que el caso del jefe del Ejecutivo, resulta interesante porque hay una serie de elementos particulares a considerar, entre ellos quién autoriza las vacaciones.
Hay que recordar que para que los presidentes se separen del ejercicio temporalmente, deben recibir la autorización de la Asamblea Legislativa.
Manifestó que ha censurado a directores de instituciones que desconocen el derecho de los funcionarios públicos de recibir el pago de vacaciones adeudadas cuando salen del sistema, sea por renuncia, despido, jubilación o cualquier otro motivo.
Fletcher cuestionó que no haya una legislación para aplicar sanciones a los funcionarios responsables de tramitar el pago de vacaciones a los trabajadores, porque es evidente que están cometiendo una violación a los derechos de las personas.
Detalló que regularmente estos funcionarios dejan de cumplir la ley, escudándose en la ausencia de partidas para la vigencia, lo que es una "irresponsabilidad", porque bastante perjuicio tiene el funcionario que es excluido del sistema para que tampoco se le paguen sus vacaciones.
Reveló que en la Procuraduría de la Administración reposa una gran cantidad de reclamaciones presentadas por funcionarios que exigen el pago de sus derechos adquiridos.
Lamentó que no haya ninguna norma que obligue un directivo a pagar vacaciones pendientes, pero argumentó que un directivo que se respete, debe entender y tener claro que ese es un derecho humano que debe ser respetado.
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