El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscará los fondos para pagarle a los ex trabajadores destituidos con la Ley 25 de diciembre de 1990, pero el tema no es una prioridad para el Estado, advirtió ayer el viceministro de Finanzas, Publio Cortés.
Indicó que el Estado cumplirá con este compromiso, sin embargo, solamente se trata de B/.1.8 millones y no de B/.60 millones como han manifestado los ex trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).
"Pagaremos ese dinero este año, pero el bienestar particular de 75 personas no puede privar sobre el general", argumentó. Negó que el Estado le adeude B/.60 millones, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca puso una cifra en el fallo que emitió a favor de estos empleados y la ley se interpretó en base a las leyes panameñas.
Los ex trabajadores realizaron la semana pasada una protesta frente a las instalaciones del MEF para exigir el pago de salarios caídos, indemnizaciones y daños morales a más de 75 ex empleados que no fueron incluidos en el primer pago parcial que hizo el Gobierno.
La Resolución de Cumplimiento de Sentencia de la Comisión Interamericana del 22 de noviembre de 2002 advierte que los salarios caídos deben ser pagados a las 270 víctimas "sin excluir ninguna de ellas".
Según los afectados, los cálculos debieron hacerse con base a la legislación que regía a los desaparecidas entidades (IRHE e INTEL) la Ley Octava, pero al no existir una legislación especial para el resto de los trabajadores se consideró el Código de Trabajo.
