La historia del florista César Segura, que intentó convertirse en millonario pidiendo al Estado un relleno en Punta Paitilla, no es la única historia irregular que existe en la zona más exclusiva de Panamá.
En esa área también se encuentran los casos de familias que se tomaron parte de la costa para ampliar sus viviendas, y que por muchos años no pagaron un solo centésimo al Estado.
Aprovechando la falta de supervisión estatal en la década de 1980 y principios de 1990, un grupo de familias adineradas hizo rellenos no autorizados que, en algunos de los casos, alcanzaron los 2 mil metros cuadrados para construir las áreas sociales de sus residencias en Punta Paitilla.
En otros, se levantaron edificios de más de 30 pisos sin que el personal de la Dirección de Catastro, en ese entonces, advirtiera la irregularidad.
Se registraron 43 rellenos no autorizados en la costa de Punta Paitilla, de los cuales, a partir de 1994 se legalizaron 29 con contratos de concesión -la mayoría a 20 años- donde los beneficiados pagan una tarifa que empieza desde los 30 centésimos a un dólar con 85 centésimos por metro cuadrado del relleno frente al mar.
En total los rellenos legalizados bajo la figura de “concesión” en Punta Paitilla tienen una extensión de 15 mil 374 metros cuadrados, según la medición realizada por la Dirección de Catastro.
Es decir, una hectárea y media de terreno frente al océano.
De los 29 contratos legalizados, actualmente 16 se encuentran vencidos sin que el Estado o los propietarios realicen las gestiones para renovarlos.
Fuentes oficiales, que prefirieron mantener su nombre en reserva, sostienen que se trata de una estrategia de los concesionarios para seguir pagando los mismos centésimos por estas valiosas tierras que tenían fijados en sus primeros contratos.
En el 2008, otras dos concesiones sí fueron renovadas con un canon un poco más alto: 2.75 y 3.67 dólares el metro cuadrado.
En esta zona de la ciudad capital el valor comercial del metro cuadrado puede superar con facilidad los 3 mil dólares, según fuentes del mercado inmobiliario.
Además de los rellenos legalizados con la figura de “concesión”, la propia Dirección de Catastro tiene identificadas 14 propiedades del Estado en Punta Paitilla que no tienen un contrato como respaldo y hoy son ocupadas por particulares.
La Dirección de Catastro tiene identificado el nombre de cada familia o sociedad anónima que está ocupando el terreno de forma ilegal.
No obstante, ni la actual administración -a cargo de Anabel Villamonte- ni las pasadas ordenaron acciones para corregir la anomalía. Todo, a pesar de que el gobierno de Ricardo Martinelli -y sus antecesores- conocían del problema.
Consultada por Panamá América, Villamonte prefirió guardar silencio y no contestó las llamadas que se le realizaron a su teléfono.
La historia. En 1994, durante el gobierno de Guillermo Endara, el exministro de Hacienda, Víctor Juliao, trató de regular la toma de lotes baldíos y rellenos ilegales en Punta Paitilla.
Dijo que recuerda el tema como si fuera ayer, ya que le tocó enfrentarse con familias con “mucho poder económico y político”.
Incluso, el exministro, haciendo una comparación con el último escándalo del florista César Segura, señaló que “desde aquella ocasión tenía el temor que se robaran el parque que está ubicado a un lado del Club Unión”.
Cuando Juliao les pidió explicaciones a los propietarios de los rellenos ilegales, sus ocupantes argumentaron que solo habían “tomado parte de la costa para construir un muro de contención para proteger sus casas de las olas del mar”.
También sostuvieron -según Juliao- que se trataba de rellenos en áreas que solamente eran accesibles por sus residencias.
En estas propiedades se levantaron piscinas y otros proyectos, para completar el lujo de estas residencias ubicadas en uno de los sectores más cotizados de Panamá.
