PANAMÁ PODRÍA convertirse en un puente aéreo entre Centroamérica y el Caribe, tras la aprobación en la Asamblea Nacional del acuerdo sobre transporte aéreo entre los países de la región.
El acuerdo establece disposiciones reglamentarias para diseñar una política aeronáutica para la Asociación de Estados del Caribe (AEC), acorde con el Programa "Unir el Caribe por Aire y Mar" y en consonancia con el Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944.
El documento aprobado en tercer debate y que está a la espera de su sanción, tiene la finalidad de crear mecanismos que jurídicamente promuevan el desarrollo de la aviación, en el marco del establecimiento de la Zona de Turismo Sustentable, en la región del Caribe.
Con el acuerdo, cada parte firmante concederá a las otras el derecho de volar sobre su territorio sin aterrizar, así como el derecho de hacer escalas para fines no comerciales y el derecho de operar tráfico de tercera y cuarta libertad, en vuelos regulares de pasajeros, cargas y correos separados o en combinación.
Además, cada Estado parte tendrá derecho a designar a una aerolínea o aerolíneas, quienes deberán recibir la respectiva autorización de las autoridades aeronáuticas y cuando éstas entren, permanezcan o salgan del territorio de una de las partes, deberán cumplir con la legislación y normas relativas a la operación y navegación de aeronaves de ese país.
De acuerdo con sus derechos y obligaciones estipulados en la legislación internacional, las partes reafirman la obligación mutua de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita.
De igual forma, las aerolíneas designadas tendrán el derecho a establecer oficinas en el territorio de la otra parte, para la promoción y venta del transporte aéreo.
Las partes se proporcionarán, cuando así se les solicite, toda la asistencia necesaria para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles u otros actos en contra de la seguridad de dichas aeronaves, de sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y para enfrentar cualquier otra amenaza a la seguridad de la aviación.
El acuerdo estará abierto a la firma por cualquier Estado, país o territorio referido en la AEC y que haya ratificado este convenio.
La familia Berrocal se pregunta cómo es posible que un decreto de expropiación esté por encima de la Constitución y el Código Civil, que establecen claramente que el derecho de propiedad se respeta, y en caso que las partes no se pongan de acuerdo en cuanto al precio, es un juez, a través de un perito, quien determina el monto de la indemnización.
