Panamá acatará la disposición de Estados Unidos (EU) para emplear obligatoriamente un agente armado en cada vuelo desde y hacia ese país, aunque el Consejo de Seguridad del Estado analiza solicitar al Departamento de Seguridad Nacional de la nación norteamericana (DHS) que determine quien asumirá el gasto de ese servicio.
Mientras el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Jorge Rodríguez, dijo que de acuerdo con lo dispuesto por EU, la selección de los agentes será confidencial y sin anunciar en qué vuelos se utilizará este personal, para evitar que los terroristas se preparen para burlar el sistema.
"La disposición es mundial y se van a tomar todas las precauciones en el aeropuerto, con las líneas aéreas comerciales e inclusive con las cargueras", dijo el director de la seguridad aérea.
Un cable internacional hace referencia a declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, quien aseguró que la seguridad aérea en EU ha mejorado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que hace obligatorio a las aerolíneas internacionales ejecutar la disposición.
Los reglamentos anunciados se hacen una semana después de que en EU se elevara el nivel de alerta de "amarillo" a "naranja"; el segundo de cinco niveles de peligrosidad.
En tanto, Rodríguez especificó que de haber una sospecha de la utilización de naves para actos terroristas, entonces se colocará el funcionario de seguridad en los aviones, pero que esta persona será desconocida hasta para los directores de los estamentos de seguridad del país, para protección de los pasajeros y del mismo vuelo.
"Tenemos que cumplir de todas maneras o los vuelos no entran a Estados Unidos, esa es la disposición que la Agencia Federal de Aviación ha emitido a todos los vuelos internacionales", indicó.
A juicio del ex magistrado, antes de ser enviado el expediente a la Sala Cuarta, la Corte debe decidir el "amparo de garantías" y lo relacionado con la denuncia de extralimitación de funciones por parte del contralor, ambos presentados por la defensa del ex presidente Pérez Balladares.
Estima que es prematuro y fuera de lugar que se decida la separación del contralor, sin que antes no se definan ambos recursos y agregó que no comparte el criterio de otros juristas que estiman que debe darse la separación para que se realice una investigación.
En torno a las declaraciones del magistrado Pereira Burgos, Molino Mola indicó que no le parece que sean apropiadas para un juez que está juzgando un caso y cabría la solicitud del afectado para que el juzgador se declare impedido para ver el caso.
El sismo no sólo cobró dos vidas humanas y más de 800 viviendas afectadas, sino que provocó el fenómeno de licuefacción en la comunidad de Los Olivos.
La licuefacción, según el director regional del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis, se registra cuando el nivel friático de la tierra está alto y en una sacudida de la corteza terrestre, presenta un efecto semejante a una licuación de tierra con bajo nivel de agua. Es decir, el agua brota de la tierra y se da en condiciones normales por el suelo existente en la región.
Además, agregó que los especialistas del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá a la región agrícola, caracterizada por los sembradíos de plátano, consideraron que la situación es normal, tomando como punto de referencia el suelo y su nivel friático.
Los residentes del área están preocupados por el fenómeno, que dejó muchos orificios y rajaduras en la tierra.
Manuel Pinto explicó que después del terremoto, salió a la calle y vio que de la tierra emergía agua con arena negra y azul, alcanzando alturas hasta de tres pies o un metro y generó una considerable cantidad de agua que llenó una de las cunetas.
La preocupación en el distrito de Barú no termina, tras conocerse que hasta ayer se han registrado 440 replicas.
Según Donderis, se espera que las residencias afectadas superen las mil 200, porque se han encontrado más de 35 comunidades afectadas y en algunas no han se reportado los daños sufridos.
Por otro lado, se han entregado unas 650 bolsas de víveres a los afectados. No obstante, a la familia Flores, donde pereció una menor, aún no ha recibido ni siquiera una sola bolsa de comida. Angelina, la madre de la menor, dijo que después que los reubicaron, no se han vuelto a acordar de ella, pues las ayudas de comida no han llegado.
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