La empresa es "matriculada" en Panamá en La Espiga ( La Chorrera) desde hace 10 años, con accionistas panameños, indicó el ingeniero municipal, José Álvarez.
Sin embargo, el avance de las mismas se encuentra detenido desde que el municipio de La Chorrera avisara que la construcción de esas cárceles presentara un atraso en el pago de sus impuestos municipales.
Tras verificar que el valor de las mismas ronda los 300 mil dólares, indicó que se le descontará el 1% correspondiente por ley que debe ser destinado a las arcas municipales.
