La Oficina de Pastoral Social-Cáritas de Panamá, a través de su órgano de difusión, La Carta 62, criticó la propuesta del actual gobierno de vender el 49 por ciento de las acciones que el Estado posee en la telefónica Cable & Wireless, antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).
A través de la publicación mensual, Pastoral Social califica la medida como una incoherencia del actual gobierno, porque en lugar de revisar el tema de las privatizaciones, tal como se había prometido en tiempos de campaña electoral, se está dando continuidad al proceso de privatización iniciado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
"Vender ahora el 49 por ciento de las acciones del Estado en C&W, completa el plan de privatizaciones. Conoceremos ahora la voracidad que acompaña a los consorcios y compañías extranjeras, que sólo les interesa acrecentar sus ganancias", expresa la publicación.
En La Carta 62 también se tilda de incoherente las acciones del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por su postura frente al uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, ya que fue durante el gobierno de Pérez Balladares cuando se inició con el proceso de privatización que produjo la venta de las acciones del INTEL y la aceptación de un contrato "leonino" que otorga a los accionistas de C&W el poder de decisión.
Deja entrever que tal actitud de rechazo al uso del FFD asumida por este colectivo, se da frente a la posibilidad de ser ellos quiénes lo utilicen una vez ganen las próximas elecciones.
El documento cuestiona las posibles decisiones que se adoptarán frente al uso del Fondo Fiduciario, ya que éstas sólo podrían darse en la función de velar por los intereses del capital privado.
También alerta a la ciudadanía para redoblar la fiscalización en la utilización de las riquezas nacionales y el comportamiento de los servidores públicos, frente al posible acuerdo entre el PRD y los arnulfistas para utilizar el FFD.
En relación con el tema del salario mínimo, la Carta 62 reconoce la capacidad negociadora y organizativa de los sindicatos de trabajadores SUNTRACS y CONUSI, frente a la demanda del aumento del salario mínimo a B/. 500.00.
No obstante, denuncia la abierta participación de los medios de comunicación, del lado de los patrones, valiéndose de la situación de la pequeña y mediana empresa para mostrar argumentos en contra de la solicitud de los trabajadores.