Las autoridades investigan la existencia de las empresas: Ventas Yarim, Megasistems, las distribuidoras Jab, Elds, EDS y Todo lo Bueno, Casstrede y Ventas Tecer.
Estas empresas no figuran en la página electrónica del Registro Público ni en el directorio telefónico.
Entre los años 2005 y 2007, una red de funcionarios del Ministerio de Educación y particulares sustrajo del FECE B/.892 mil, a un ritmo de B/.297,333 por año sin que las autoridades se dieran cuenta.
Esta cifra es preliminar y el MEDUCA teme que se incremente.
Rogelio Mata fue designado ayer como director encargado de la Dirección Regional de Educación, de San Miguelito, luego de la separación de Betzi de Guzmán y Yoira Perea, antiguas administradoras del FECE en ese distrito.
Esto significa que un aproximado de 407 centros educativos, de 3,236 no enfrentaron el control previo.
La Contraloría decidió en 2005 exceptuar de este requisito a las escuelas que reciben una asignación anual de hasta B/.15,000, a solicitud del presidente Martín Torrijos.
La medida, según una nota del entonces contralor Dani Kuzniecky el 9 de noviembre de 2006, buscaba agilizar los trámites y la ejecución del presupuesto para "beneficio de los intereses sociales y de la población estudiantil".
Torrijos sustentó la modificación del reglamento, señalando que "se detectó que la cuenta bancaria del FECE mantenía un ritmo de crecimiento, pero la ejecución de obras con estos dineros era insuficiente".
El ex titular de Educación, Miguel Ángel Cañizales, también defendió la medida en su momento. "Existe excesiva burocracia en el proceso administrativo, requeridos para la adquisición de bienes y servicios en los centros educativos", argumentó.
La eliminación del control fue criticada por el diputado José Isabel Blandón, quien para ese entonces presidía la Comisión de Educación de la Asamblea. Advirtió que la iniciativa propiciaba el "desorden y la malversación de fondos".
Agregó que "si con control previo, había irregularidades, qué se podría esperar si la Contraloría no intervenía".
