El Ministerio Público solicitará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declare no prescrita la acción penal respecto a la conducta de falsedad de documento privado, seguido al coronel de las Fuerzas de Defensa, Marco Justine, dentro del proceso contra la fe pública y la economía nacional en que involucran unos B/.4 millones.
El recurso presentado por el fiscal Octavo de Circuito, Alcides Pimentel, señala que presentó una denuncia ante el Juzgado Tercero Civil contra el coronel Justine con el objeto de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Estado, derivados de la acción penal seguida por el delito de peculado, seguida al militar hasta por la suma de B/.8 millones.
En el documento se establece que durante el proceso la fiscalía se percata de la existencia de un documento suscrito por Eric Hugh Gittens Leslie (fallecido) y Pedro Marco Justine, en donde se hace constar que el militar y Guamaro S.A. deben a Gittens la suma de B/.365,000 en concepto de caballos de carrera.
A la vez señala que el citado documento sirvió de base para que Gittens promoviera secuestro contra Justine por la suma B/.4.2 millones y se incorporó un documento de transacción y dación en pago entre ambos.
No obstante, la fiscalía detectó que los bienes secuestrados ponen en insolvencia al militar y luego se pudo determinar que entre los bienes secuestrados por el tribunal habían caballos para la fecha de la firma del acuerdo, no nacidos.
El citado documento fue analizado por el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial (PTJ), en donde no se pudo determinar con exactitud si el documento correspondía con la fecha en que se aseguraba se había suscrito.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que el documento fue elaborado con posterioridad al inicio de la investigación penal contra el coronel Justine, y que incluso se incluyeron ejemplares no nacidos en la fecha en que se sostiene fue firmado.
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