Panamá podría perder a partir de julio un gran porcentaje de uno de sus activos más valiosos, como es el abanderamiento de naves, si la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) insiste en mantener restricciones para que empresas reconocidas internacionalmente puedan verificar y aprobar los certificados del Código ISPS para la navegación mundial.
Según los abogados Eduardo Morgan Jr y Enrique de Alba, ningún gobierno, de las más de cien naciones pertenecientes a la Organización Marítima Internacional, ha dividido la aprobación del plan de seguridad y su verificación, ni mucho menos ha entregado en monopolio la aprobación de los ISPS, como lo hecho Panamá.
Añaden que Panamá designó a una "pequeña y desconocida" compañía norteamericana estas funciones. Para los juristas, miembros de la firma Morgan y Morgan, es inexplicable que la AMP mantenga su decisión de asignar estas funciones a una sola empresa, a pesar de conocer que los registros abiertos que compiten con Panamá, como son Chipre, Liberia y Malta, han autorizado a todas las organizaciones internacionales expedir los nuevos certificados, así como la aprobación y verificación del plan de seguridad marítima en las naves.
Añadieron que casi en su totalidad las empresas que prestan el servicio a la flota marítima internacional han sido reconocidas por Estados Unidos, país que promovió el código para garantizar la seguridad de las naves contra atentados terroristas, pero Panamá mantiene el servicio con una sola empresa para aspectos de seguridad en los puertos.
Entre las empresas de reconocida tradición que prestan este servicio figuran Lloyd Register of Shipping de Inglaterra, Bureau Veritas y Registro Italiano Navale, que constituyen las compañías de mayor confianza para los navieros europeos.
Sin embargo, a pesar que éstas son consideradas como Organización de Seguridad Reconocida (RSO), han sido excluidas por las autoridades panameñas, dentro de una interpretación que es calificada por estos juristas como errónea del código que entrará en vigencia en julio.
Según lo expuesto en la ley, Panamá sólo autoriza a estas empresas tradicionales para la verificación de los planes de seguridad, pero no su aprobación.
"Resulta increíble que nuestras autoridades, para justificar haberle entregado a una pequeña empresa de agentes de seguridad la aprobación de los planes de seguridad de las 6,500 naves panameñas, argumenten que el código hace una distinción entre Security and Safety (seguridad y protección)", señalaron.
En tanto, la Asociación Panameña de Derecho Marítima consideró que la medida de la AMP da lugar a que la marina mercante nacional quede en desventaja comparativa con otros países que conforman los registros abiertos. "Panamá ha adoptado una política que nos desmejora en forma competitiva", señala esta asociación.
