Entre 80 a 100 años como pena máxima podría ser la propuesta que entreguen los miembros de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional para analizar el tema.
Este grupo de abogados tiene hasta el próximo miércoles 12 de octubre para presentar el informe, que si bien no está listo, de seguro establecerá el incremento de la pena máxima que actualmente es de 50 años de prisión.
El secretario de la comisión que analiza las opciones para castigar severamente a los delincuentes, Neftalí Jaén, manifestó que, además del aumento de penas se estudia cambios en la Ley de Menores.
Por su parte, el diputado Hernán Delgado, quien propuso estudiar el tema, admitió que existe una corriente en contra de la condena, debido a que la sociedad le tiene miedo a ese tipo de castigo, porque hasta hace unos años la pena máxima solo era de 20 años y se tiene la mentalidad de que se aplican las reformas muy rápido.
Una alternativa que podría ganar terreno dentro de esta discusión es la de no garantizar rebaja de pena a los prisioneros condenados por delitos agravados.
Con ella coincide Roberto Troncoso, activista de derechos humanos, quien señaló que existe toda clase de subterfugios en el sistema judicial para sacar a estos delincuentes antes de tiempo, dejando la justicia de la víctima en entredicho.
Afirmó que se debe trabajar, tanto en prevención como en endurecer las penas de algunos delitos. Sin embargo, no ve en los diputados la misma disposición que tienen para proponer medidas extremas, en mejorar temas que son competitivos de la prevención de delitos.
En igual forma se expresó el abogado Miguel Antonio Bernal, quien destacó que en mecanismos preventivos Panamá no está haciendo absolutamente nada en cumplir con las recomendaciones que en los últimos diez años ha dado el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Como medida coercitiva, Bernal propone que se haga como en Alemania, donde los reos deben pagar económicamente por cada día que pasaron en prisión.
El investigador social, Antonio Méndez, atribuye a la falta de políticas de prevención que se estén dando homicidios horrendos en la última década.
Agrega que con la cadena perpetua o incremento de penas, las cárceles se llenarán de personas condenadas, por lo que no habrá capacidad para aquellos, cuyos delitos sean menores.
Después de la jornada de consultas sobre la cadena perpetua que se realizará hoy en la Asamblea, la comisión de abogados elaborará el informe que entregará a los diputados.
