Las personas o empresas que produzcan la muerte o invalidez permanente de una persona, la extinción de una especie o la destrucción de un ecosistema serán sancionadas con cinco a diez años de prisión, según el proyecto de ley sobre Delitos Ecológicos.
Advierte que estas penas serán dobladas hasta 20 años de prisión cuando se destruya total o parcialmente la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, manglares o corales, áreas de especial valor biológico, científico o educativo y cuando se afecte los recursos hidrobiológicos.
Dispone la ley que aquellos que estén autorizados para elaborar o realizar estudios de impacto ambiental, programas de adecuación o manejo ambiental o auditorías ambientales, incorpore o apruebe información falsa o inexacta en los documentos será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
Si producto de esta información falsa proviene la muerte o invalidez permanente de alguna persona, la extinción de una especie, la destrucción de un ecosistema o el daño sea irreversible será condenado a cinco o diez años de prisión.
La norma en mención adiciona al Código Penal el Título XIII referente a los Delitos Ecológicos y establece que aquel que degrade, envenene, contamine, altere severamente o realice actividades idóneas para causar daño en las aguas, aire, flora y fauna silvestre, el suelo, subsuelo o altere los procesos naturales del ecosistema será sancionado con prisión de dos a tres años, y si produce la muerte o invalidez permanente de una persona seis años de prisión.
También señala que aquel que al construir esclusas, diques o estructuras destinadas a retener el libre curso de las aguas, y no permita el paso de un caudal ecológico será sancionado de uno a tres años de prisión.
La ley plantea que el que deforeste, tale, destruya, altere y degrade la vegetación en áreas privadas o públicas, donde existan vertientes que provean agua a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y a otros usos de utilidad pública o las poblaciones, será sancionado con dos a cuatro años de prisión.
La norma sostiene que aquel delito ecológico donde interviene un funcionario público se le aplicará la misma sanción y la inhabilitación de ejercer funciones públicas por igual período.
Según el Administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, el proyecto tiene como objetivo llenar el vacío jurídico existente, por lo que se hace necesario tipificar claramente todos aquellos hechos que constituyan delito ecológico.
Agrega que es necesario definir cuáles hechos violan o alteran las disposiciones relativas a la conservación, manejo defensa y mejoramiento del ambiente, establecer las sanciones penales correspondientes y a la vez la responsabilidad civil por daños o perjuicios ocasionados por las personas que resulten responsables del delito.
Explicó que la ANAM desea iniciar en Panamá el funcionamiento de las fiscalías ambientales y las leyes que penalizan el delito ecológico.
"Desarrollaremos un gran debate a nivel nacional para establecer un consenso sobre los delitos ecológicos para llevar a la realidad la estructuración y conformación de los sistemas judiciales que permitan una gestión ambiental más completa", recalcó Anguizola.
