El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, propuso penas hasta por tres años de cárcel para quienes incurran en delitos ecológicos, mientras que los legisladores recomendaron reducir esta pena a treinta meses.
Sossa ha propuesto por lo menos en tres ocasiones el proyecto que adiciona al Código Penal el Título XIII referente a los Delitos Contra el Ambiente, sin embargo, todavía no ha sido aprobado, aunque se espera que en cuestión de días se inicie la discusión.
El proyecto se encuentra en segundo debate y el mismo incluye una propuesta de modificaciones hechas por los legisladores miembros de la Comisión de Gobierno en la cual se recomienda bajar las penas propuestas por el procurador.
Los legisladores recomendaron además eliminar un artículo en el cual se establecían penas de uno a tres años de cárcel para quien incendie "masas vegetales" por considerar que esto no debe considerarse como un delito, sino como una falta administrativa, salvo en casos que se causen daños irreversibles al ambiente.
En el caso que se trate de una persona jurídica la que promueva, ocasione, subsidie o dirija algunos de los hechos descritos en este Título, serán sancionadas con el equivalente de la prisión en días multa o la suspensión de la licencia de operación por tres años.
Se establece en el proyecto de ley que las penas previstas se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando cause un daño directo a cuencas hidrográficas prioritarias, cuando se afecte la salud de las personas o cuando se dañen áreas declaradas de especial valor biológico.
El proyecto de ley se encuentra en el orden del día del pleno de la Asamblea Legislativa en segundo debate y su discusión se iniciará una vez se apruebe el proyecto que se discute actualmente.
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