Unas tres mil personas han sido destituidas de forma arbitraria durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, informó ayer el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila.
"Esas destituciones se han dado de forma irrespetuosa y violando todos las normas de la carrera administrativa", manifestó Avila a El Panamá América.
Según Avila, también en los últimos cinco años, producto de las privatizaciones de empresas estatales, como es el caso del INTEL, los Casinos Nacionales, el Hipódromo Presidente Remón, la Autoridad Portuaria Nacional y la Azucarera La Victoria, unas 10 mil personas dejaron de ser empleados públicos.
A eso hay que añadir la municipalización de algunos servicios, como el caso de la Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA), que suman unos dos mil quinientos funcionarios que dejan de estar bajo el control del gobierno central, indicó.
También unos 25 funcionarios de la Corporación Financiera Nacional (CoFINA) han quedado cesantes desde el pasado viernes, sostuvo.
El subcontralor de la República, Gustavo Pérez, indicó que la inhabilitación de funciones de estas personas se debe a la terminación de sus respectivos contratos de trabajo.
Avila consideró que estas destituciones constituyen "otro irrespeto más al trabajador público".
"Ni siquiera tuvieron la cortesía de darles un preaviso", dijo Avila.
Agregó que aunque CoFINA ya no tenía razón de ser, porque sólo se dedicaba a la recuperación de cobros, sus empleados tienen derecho a exigir del gobierno nacional sus respectivas indemnizaciones, en especial los que gozan de fuero maternal.
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