Arcia publicó un trabajo de investigación que puso al descubierto una red que operaba en dos escuelas de manejo y en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, que a cambio de una suma de dinero, expedían licencias de conducir profesionales sin cumplir con los requisitos exigidos.
Una de las escuelas que se menciona en el reportaje (Ultraeste) es propiedad del dirigente Rodríguez.
Luego de revelarse el modo de operar de las empresas donde se adquirieron varias licencias de conducir sin que se cumplieran los requisitos que exige la ley, la Autoridad del Tránsito trasladó del cargo a la directora Nacional del Departamento de Licencias, y realizó el despido de cuatro funcionarios.
"Las autoridades no deben prestarse para este tipo de persecuciones y menos cuando se hacen denuncias verdaderas como éstas", puntualizó Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción.
Mientras que el ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo, señaló que mientras no se despenalice la calumnia e injuria, "los corruptos van a seguir utilizando esa medida para tratar de impedir que se investiguen sus acciones fraudulentas".
Criticó la celeridad de las autoridades en este caso donde se está "matando al mensajero", y sin embargo, no se investiga al que se denuncia.
Castillo insistió en la despenalización del delito de calumnia e injuria.
Las investigaciones efectuadas por la Policía Técnica Judicial en la expedición de licencias de conducir expedidas mediante trámites fraudulentos por la Autoridad del Tránsito fueron remitidas el pasado viernes a la Fiscalía Auxiliar.
Durante las pesquisas se investigaron a tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, informó Josey Batista, jefe de la División de Delitos Contra la Fe Pública.
Batista indicó que este tipo de investigación mantiene una serie de limitaciones jurídicas probatorias al no contemplarse la falsedad ideológica sobre documentos privados.
Los documentos utilizados para elaborar la nota periodística fueron presentados ante el Ministerio Público que se comprometió a realizar las acciones.
Entre las irregularidades que encontraron en el otorgamiento de licencias están la falta del historial en la licencia original que se había otorgado; incorporar un conductor en la base de datos, sin verificar que existiera una licencia previamente otorgada.
