LAS investigaciones periodísticas realizadas contra presuntos hechos de corrupción, en los cuales estuvieron involucrados funcionarios públicos, provocaron que más de una decena de periodistas fueran querellados por calumnia e injuria el año pasado.
Según cifras del Ministerio Público se investigan seis procesos a periodistas locales; hay tres llamamientos a juicio; se registró un sobreseimiento provisional y fue emitida una suspensión en uno de los casos.
En el 2005 un total de 28 casos a nivel nacional fueron contabilizados contra los profesionales de la pluma en el Ministerio Público. Veinte de estos, estaban radicados en las Fiscalías Séptima y Octava del Circuito Penal de Panamá.
Actualmente los periodistas judiciales encabezan la lista de denuncias interpuestas en el Ministerio Público.
Uno de estos es Rafael Ruíz, quien en el 2005 realizó una investigación en la cual estaba involucrado un miembro de la seguridad de la Presidencia de la República. Ruíz fue llamado a juicio para este año.
El periodista de Mi Diario , Enrique Brathwite investigó los casos de violación a menores de edad por policías fronterizos en Darién, y también fue encausado penalmente.
Cuatro periodistas del mismo diario, entre estos Jahaira Valverde y los directivos, enfrentan una denuncia interpuesta por uno de los sindicados en el caso de la presunta posesión de armas de guerra descubierta el año pasado en la empresa Norma González.
José Somarriba de La Prensa mantiene cuatro casos pendientes en las Fiscalías Séptima y Octava de Circuito. El periodista reveló una presunta red de corrupción en la Dirección Nacional de Migración donde estaban involucrados varios funcionarios. Por este mismo hecho Justino González, de Canal 2 fue querellado al revelar una investigación.
Mientras que Gustavo Aparicio, William Sala y Florencio Gálvez, de Editora Panamá América revelaron casos judiciales y ahora son perseguidos por la justicia.
La secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo considera que cuando un periodista da seguimiento a un acto de corrupción donde hay un funcionario público involucrado no debe enfrentar un proceso penal.
"Insistimos en que se despenalice la calumnia y la injuria, cuando se trata de actos ejecutados por funcionarios en ejercicio de sus funciones", dijo.
Para Castillo este tipo de actos contra los periodistas alientan la corrupción.
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