Luego de una reunión con los gremios periodistas, los codificadores de las reformas penales aseguraron que estos artículos en referencia no están dirigidos para encarcelar a los periodistas, sino a proteger la intimidad de la persona y son aplicables a todos los miembros de la sociedad.
Los comunicadores sugirieron que se modifique el Artículo 187 para que se disminuya la pena y sea tipificado el delito cuando se trate de la supuesta violación de la intimidad de la persona. De igual forma exigieron que se elimine el Artículo 189 que prohibiría la publicación de imágenes.
En lo que respecta al Artículo 422 que también fue cuestionado y que establece una pena de prisión de 2 a 4 años para quien revele información reservada en materia política, diplomática o policial referente a la seguridad del Estado, los periodistas solicitaron que se incluya como información reservada las establecidas en la ley de transparencia.
Tras el encuentro, los comunicadores expresaron su confianza en que los diputados van a acoger los cambios propuestos, que a través del diputado Jerry Wilson serían presentados ante el pleno legislativo.
En tanto, el secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, estimó que los artículos contenidos en las reformas al Código Penal y Procesal Penal que restringen el acceso de los periodistas a documentos por considerarlos información restringida tienen un claro corte "fascista" y que estos argumentos fueron muy utilizados por muchas dictaduras latinoamericanas para controlar la información.
Según González, durante las discusiones de las reformas se ha estado hablando de un Código Penal y Procesal Penal de avanzada, pero que tiene preceptos que atentan contra un sistema democrático.
También detalló que estas iniciativas contra la prensa deben ser retiradas de la discusión del proyecto que puede convertirse en ley.
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