Los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Electoral (TE), el fiscal Electoral, procurador de la Nación y de la Administración, tienen un periodo similar de gestión (10 años), así como de requisitos que deben reunir.
A uno de los magistrados del TE lo nombra el Ejecutivo, otro el Legislativo y uno la Corte Suprema de Justicia. Para cada principal se nombran dos suplentes, quienes no podrán ser funcionarios del Tribunal Electoral.
El fiscal Electoral es nombrado por el Ejecutivo, sujeto a aprobación del Legislativo por un periodo de 10 años.
En la Corte Suprema serán reemplazados: Rogelio Fábrega Zarak y Arturo Hoyos: 31 de diciembre de 2005; Graciela Dixon y José A. Troyano Peña en diciembre de 2007.
En el Tribunal Electoral, los 3 magistrados serán renovados en noviembre de 2006; en la Procuraduría de la Nación, en enero de 2005, y en la Procuraduría de la Administración, 31 de diciembre de 2004.
A la actual Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, nombrada en el 2003, se le vence el periodo en junio de 2008.
El 31 de diciembre de 2005 termina el periodo de José Domingo Palermo y en el 2006 el de Carlos Rodríguez, en el Ente Regulador.
El gobierno saliente de Mireya Moscoso nombró a José Gomez en reemplazo de Víctor Juliao, quien renunció por su desacuerdo en la forma como se administra esa institución.
El periodo de Juliao vencía en diciembre del 2008 y Gómez no fue ratificado por la anterior Asamblea. Ahora se deberá definir la situación de quien es arnulfista y fue secretario de la Asamblea Legislativa.
Al actual defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, se le vence su periodo el 31 de marzo del 2006.
El 31 de diciembre de este año se le vence el periodo a Gustavo Paredes en la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), mientras que César Constantino debe culminar su gestión en la misma fecha, pero en el 2005.
Para Paredes, uno de los retos de la CLICAC es revisar la Ley 29, para especificar mejores prácticas.
Dijo que existe un borrador con las reformas para mantener las facultades por la que fue creada, pero con mecanismos más ágiles.
Se identificaron desde aclaraciones en cuanto a conceptos de la misma ley, instrumentos procesales para su ejecución, hasta los de competencia, porque los que resuelven son los tribunales de justicia y dificultan el reclamo de los usuarios.
Plantea una competencia compartida para que los consumidores puedan decidir si presentan sus denuncias vía administrativa o en los tribunales; de esta forma se les da opciones que tienen el mismo valor.
